Este viernes 25 de agosto, el parlamentario jubilado venezolano Walter Márquez solicitó por escrito a la Fiscal Jefe de la Corte Penal Internacional, en La Haya, Fatou Bensouda, un pronunciamiento inmediato, ante los numerosos casos de violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad se han consignado contra Nicolás Maduro ante esa instancia judicial en los últimos años, de los cuales no ha habido ninguna decisión por parte de la actual fiscal.
Foto: AVN
Walter Márquez, activo y reconocido defensor de los derechos humanos en Venezuela y uno de quienes más ha investigado y denunciado nacional e internacionalmente al régimen de Nicolás Maduro, exigió a la Fiscal de la Corte Penal que se pronuncie sobre la procedencia de las investigaciones de los crímenes de Maduro que le han sido entregadas.
“Es importante resarcir los daños morales y materiales de las miles de víctimas de estos crímenes de lesa humanidad cometidos por Maduro, en especial la represión durante las protestas populares en el Táchira en el año 2014, las deportaciones forzosas y la destrucción de sus viviendas en San Antonio del Táchira en Venezuela en agosto de 2015 y la destrucción de cinco puentes o pasos fronterizos internacionales en las cuencas altas del río Táchira entre Colombia y Venezuela, durante los años 2009 al 2015, en grave violación al derecho internacional, además de una gran cantidad de homicidios, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes; exterminio y detenciones arbitrarias, los cuales son hechos notorios, públicos y comunicacionales que han conmocionado al mundo, delitos que están tipificados como crímenes de lesa humanidad en el Artículo 7 numeral 1, literales a,b,c,d,e,f,g,h,j,k del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”.
En las comunicaciones mencionadas, Walter Márquez quien además de historiador fue catedrático de Metodología de la Investigación en la Universidad de Los Andes en Venezuela, solicitó un pronunciamiento de parte de la CPI en defensa de miles de víctimas de los cierres fronterizos a partir de 2013, así como los crímenes de lesa humanidad cometidos en las áreas binacionales colombo-venezolana entre los años 2009 y 2015, al igual que en el resto del país en los últimos meses.
“La violencia y represión desatada por el régimen de Nicolás Maduro en contra de gran parte de la población civil venezolana, que está reclamando el derecho democrático a elecciones libres, universales, directas y secretas, responde a una política de Estado planificada e implementada sistemáticamente a través de distintos organismos de seguridad de la Nación, incluyendo la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, así como grupos paraestatales denominados colectivos que actúan en medio de la más absoluta impunidad del régimen y de los organismos judiciales”.
Dentro de los argumentos esgrimidos por el defensor de los derechos humanos en el país, destacan que los organismos jurisdiccionales internos en Venezuela no funcionan porque están controlados por el régimen, “por lo que es importante la competencia complementaria de la Corte Penal Internacional o de otros tribunales internacionales que puedan ejercer la jurisdicción universal para que se juzgue individualmente a los responsables de esos crímenes cometidos en el país”.
Redacción Maduradas, con información de nota de prensa
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