Después de Semana Santa será aprobada en segunda discusión, la Ley de Referendo, mecanismo legal para concretar el referendo revocatorio contra el Presidente de la República para lograr el cambio constitucional de gobierno, afirmó el diputado Juan Miguel Matheus, reseña El Impulso.
Matheus, miembro de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional como dirigente de Primero Justicia, dirigen en Carabobo la consulta popular para explicar a la ciudadanía la exposición de motivos de la Ley de Referendo, el impacto económico y la normativa de la ley.
Foto: REUTERS/Carlos García Rawlins
Dicha ley fue aprobada a comienzos de este mes y de acuerdo con el procedimiento legislativo, el 30 de marzo será aprobado el informe de la ley por la Comisión de Política Interior. El jueves 31 la Asamblea Nacional la aprobará en segunda discusión.
Sobre la exposición de motivos de la ley, el diputado por Carabobo explicó que se está en deuda con la Constitución la cual, en sus artículos 71 y siguientes, establecen los derechos políticos y por consiguiente el referendo como una ley orgánica que desarrolla derechos constitucionales para el referendo revocatorio, referendo aprobatorio de leyes por iniciativa popular, el referendo abrogatorio de leyes y decretos leyes, la aprobación de una enmienda de reforma constitucional y el referendo para una asamblea nacional constituyente .
El impacto económico de la ley es muy limitado porque todo eventual desarrollo comicial de acuerdo con la ley, estará enmarcado dentro del presupuesto del Consejo Nacional Electoral que es del ocho por ciento del presupuesto anual de la nación.
Sobre el contenido de la ley, iniciativa de los ciudadanos y de los partidos políticos, informó que está previsto que, una vez aprobada la ley, el lapso para la convocatoria a un referendo revocatorio es entre 90 y 100 días con la garantía de la identidad y confidencialidad de quienes expresen su voluntad para activar el revocatorio.
La ley manda que el registro de voluntades tiene que ser eliminado y para ello se pondrá en práctica un seguimiento o fiscalización a través de una comisión de ciudadanos o de la Asamblea Nacional, precisó Matheus.