En la rueda de prensa ofrecida este miércoles, la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, ofreció un balance de las protestas que se han registrado en el país desde el pasado 6 de abril.
Foto: Archivo.
La fiscal comenzó lamentando la escalada de violencia de la que han sido víctimas un grupo de venezolanos en el marco de las protestas.
«No es momento para instrumentalizar las muertes. Hago un llamado a todos los grupos políticos para que dejen de hacer hipótesis que se divulgan como rumores, que solo generan más zozobra (…) El Ministerio Público y los órganos de investigación penal son los que tienen los elementos de convicción», manifestó Ortega.
Posteriormente ofreció un balance de los 54 días de protestas que van hasta este 24 de mayo. Precisó que el Ministerio Público contabiliza 55 fallecidos, 52 de los cuales son civiles y 3 funcionarios policiales o militares; 1.000 lesionados, 771 de los cuales son civiles y 229 funcionarios Además, detalló que había 346 bienes inmuebles públicos o privados quemados o saqueados.
Asimismo, Ortega Díaz reportó 8 privados de libertad por los hechos ocurridos en Barinas, donde, a su juicio, ha habido «poca presencia policial». «No todas las personas privadas de libertad son responsables de los hechos», agregó.
«El Ministerio Público está investigando todos los hechos ocurridos en Barinas. No hay uno que no esté investigando. Hemos iniciado 1475 investigaciones, 1329 delitos contra personas y 150 por daños a la propiedad», dijo.
La fiscal también rechazó los saqueos y aseguró que estos contribuyen con la escasez de alimentos: «El descontento social es producto de la severa crisis económica«.
Crimen de Pernalete
Ortega Díaz también desmintió al ministro Néstor Reverol sobre la causa de muerte del estudiante Juan Pablo Pernalete y aseguró que el joven murió por el impacto de una bomba lacrimógena disparada por la Guardia Nacional Bolivariana.
«Sabemos cuál es el grupo que disparó: la Guardia Nacional. Esperamos en los próximos días saber quién fue el que disparó el objeto», indicó.
En este sentido, rechazó que los cuerpos de seguridad del Estado disparen bombas lacrimógenas contra manifestantes: «Disparar bombas lacrimógenas directo al cuerpo de las personas está prohibido por los estándares internacionales», recordó.
Al respecto, señaló que «es imprescindible controlar las actuaciones de los funcionarios de orden público».
«Preocupa que tengamos más de 500 lesionados por defender sus derechos fundamentales. Aquí debe haber libertad de profesar cualquier tendencia política, y por eso no se les puede lesionar ni mucho menos asesinar», apuntó.
Refiriéndose también a los cuerpos de seguridad del Estado, afirmó: «Tenemos denuncias de funcionarios policiales y militares saqueando».
Redacción Maduradas