Este jueves, al grito de “¡Es Cancillería, esto no es Miranda!” y “¡Paro!” trabajadores del Ministerio de Relaciones Exteriores reclamaron al ministro Elías Jaua, por segundo día consecutivo, que reivindique sus salarios, congelados desde hace más de cinco años. El grupo de empleados había anunciado el lunes que cerraría este miércoles en la mañana el área de legalizaciones y apostillas de documentos hasta recibir una respuesta positiva del ministro y de la directora de Recursos Humanos, Ysmara Cardozo. Solo los casos especiales y ciudadanos venidos del interior del país iban a ser atendidos.
Sin embargo, por orden de Elsa Iliana Gutiérrez, directora general de Relaciones Consulares, se dio la orden de abrir el área, lo que causó disgusto entre los trabajadores, que decidieron no atender al público.
“Acordamos que hasta que le den respuesta a nuestras decisiones, solo atenderemos a la gente que viene del interior. No queremos afectar a nadie, solo que se respeten nuestros derechos laborales”, dijo Besse Mouzo, secretaria de Reclamo del Sindicato Unido de Obreros, Funcionarios, Trabajadores, Jubilados y Pensionados del Ministerio de Relaciones Exteriores.
“Fue este incumplimiento lo que llevó a que se apagaran las luces y los servicios. Como ya el público estaba adentro, la gente no se quería retirar, como es lógico. Pero si atendemos a uno, debemos atenderlos a todos. Por eso pedimos comprensión y que se retiraran”, agregó Mouzo.
A pesar de la protesta, los trabajadores hicieron excepciones. Una madre angustiada que prefirió no ser identificada pudo legalizar la partida de nacimiento de su hijo que debe viajar al exterior para ser operado del corazón, porque la válvula que se necesita no se consigue en el país.
Algunas personas como la señora Ana Peguero, que madrugó para venir desde Maracay a apostillar un documento que requiere su hija, describió el hecho como un secuestro: “Después de que la directora me estaba atendiendo nos apagaron las luces, el aire, nos encerraron, trancaron la puerta. Eso es un secuestro y somos ciudadanos, tenemos derechos”.
Otro de los afectados, Héctor Rodríguez, parecía menos molesto por la situación. A pesar de la urgencia de legalizar un documento para su hijo que viaja esta semana, dijo: “Lo que queremos es saber si nos van a atender o si esperamos, pero que nos informen”.
Riesgo
El corte de los servicios llevó a que otro personal del ministerio, que no está con los manifestantes, permitiera la entrada de policías armados y guardias nacionales.
El director de Seguridad Integral del despacho, Elvis Ufre, dejó pasar al edificio a funcionarios de la PNB y de la GNB, lo que puso en riesgo la seguridad de los trabajadores, denunciaron manifestantes.
Los sindicalistas argumentaron que la entrada de los agentes de las fuerzas de seguridad fue para proteger las instalaciones, pero personas que protestaban indicaron que la acción irrespetaba la integridad de los trabajadores.
“Ellos cerraron la puerta principal a los trabajadores de la Cancillería para evitar que aumentara la concentración. Dijimos que prenderíamos los servicios. Cuidamos que nadie se viera afectado porque aún hay gente damnificada que vive aquí aunque el compromiso era que salieran de aquí en 2013”, expresó Mouzo, pero la condición fue que sacaran a las personas armadas y con indumentaria antimotines del recinto.
Contrato indefinido
Algunos trabajadores expresaron que han estado prestando servicio en la Cancillería por más de 12 años bajo la figura de “contrato indefinido”, inexistente en la legislación laboral venezolana, y que varios directores aprovechan esta situación para amenazarlos con terminar la relación laboral e impedir que protesten.
Manuel González, del área de transporte de protocolo, señaló: “La mayoría de la población es contratada, aquí hay muy poco personal fijo, entre los obreros, los administrativos la gran mayoría son contratados. Me ampara la inamovilidad laboral por el nacimiento de mi hijo, pero eso no nos quita, al ser un ‘contratado a tiempo indeterminado’, que nos hagan un tercer contrato por prestación de servicio y nos puedan cortar la continuidad laboral”.
Cristina Duarte, que tiene ocho años jubilada, afirmó: “Los trabajadores estamos sufriendo. Cobré tres años y tengo cinco años que estoy pasando penurias al igual que todos los trabajadores”.
Maldonia Blanco, vocal del sindicato, manifestó que los representantes del ministro le dijeron durante mucho tiempo que como tenían buenos sueldos podían soportar hasta cinco años sin aumento. “Ahora estamos solapados con el sueldo mínimo y 86% de nosotros, cifra oficial, gana salario mínimo, desde el profesional hasta el obrero, sin distinción. Y ya estamos cansados de esperar a que se escuchen nuestras legítimas peticiones”, apuntó.
Con información del portal del diario El Nacional