Durante la mañana del pasado lunes el exinspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) Óscar Pérez sorprendió al país al compartir una seria de videos en la que se le mostró acorralado por los cuerpos de seguridad del Estado y en un intento de entregarse que resultó en vano.
Foto: Captura de video película Muerte Suspendida.
Él y varios hombres que lo acompañaban quedaron cercados en un chalet ubicado en el kilómetro 16 de El Junquito, en Caracas, a medida que transcurría la mañana del 15 de enero cuando iban dándose a conocer nuevos audiovisuales se notaba el temor, “estamos negociando” o “no disparen, nos queremos entregar” decía Pérez en los primeros videos, pero momentos después señaló “no quieren que nos entreguemos. Literalmente, nos quieren asesinar. Nos lo acaban de decir”. Momentos después todo quedó en silencio.
Tras culminar el operativo, el Gobierno nacional se limitó a informar sobre la muerte de dos funcionarios policiales y varios heridos, de Pérez y su equipo solo había especulaciones.
Pasadas las 24 horas desde que el expolicía divulgara el primer video, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, confirmó la muerte de Óscar Pérez y seis de sus compañeros José Alejandro Díaz Pimentel, Daniel Enrique Soto Torres, Abraham Israel Agostini Agostini, Jairo y Abraham Lugo Ramos, y Lisbeth Andreína Ramírez Mantilla, esta última estaba embarazada.
El Gobierno nacional se ha encargado de asegurar que el operativo Gedeón, organizado contra Pérez y sus aliados, se hizo con apego a las leyes venezolanas. Sin embargo, mantienen un evidente hermetismo sobre el caso y a esto se le suma la destrucción de la evidencia y los indicios de que los rebeldes se rindieron, pero no se lo permitieron.
El abogado penalista Joel García indicó que es evidente la violación a los derechos inherentes de Pérez y sus compañeros: “Ellos se rindieron. Hay evidencia de eso en los videos y en los audios, así que tenían que respetar su derecho a la vida”, sus muertes sugieren que los cuerpos policiales no los quería capturar con vida.
“El Estado contaba con todos los medios para lograr su rendición, y no quisieron hacerlo. Bastaba con jugar al desgaste: cortarles la luz, el servicio de agua, y cercarlos hasta que se entregaran, en caso de que ellos realmente estuvieran negados a ser aprehendidos, pero no fue así”, manifestó García durante una entrevista ofrecida al portal Caraota Digital.
Además expuso que la versión oficial queda en tela de juicio al no haber permitido la cobertura periodística durante el hecho y el arsenal de armas utilizado en el mismo.
Por otro lado señaló que “derribaron la casa para destruir toda evidencia. Eso se llama obstrucción a la justicia y es un delito penado”, con esto impiden que pueda colectarse evidencia durante una investigación futura aclaró: “no se podrá determinar cuántos disparos se propinaron a la vivienda, ni el calibre de las armas. Lo que demuestra que no es transparente ni justo”.
Redacción Maduradas con información de El Cooperante.
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