Agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana violan los derechos humanos de los venezolanos y eso queda demostrado en cada acción que ejercen.
Luis Gonzalo Pérez / NTN24
Tales abusos son de “suma preocupación” para el mundo, advirtió Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en una entrevista ofrecida al periodista Gustavo Ocando para la Voz de América a propósito del Día Internacional de Derechos Humanos.
Destacó que las violaciones se traducen en la detención arbitraria de líderes opositores, jóvenes que publican denuncias en redes sociales y, en general, de cualquier persona que levanta la voz para luego procesarlos en tribunales militares.
Ocando mencionó en su trabajo lo que vivió Américo Ledezma, productor agropecuario del Sur del Lago de Maracaibo, luego de que funcionarios de las FAES ingresaran a su residencia, los ataran las manos, lo amordazaron y se lo llevaron secuestrado hasta el potrero de una de sus fincas, la Caraquita.
También a la fuerza, subieron en sus vehículos a varios empleados del ganadero y, ya en el sitio, los obligaron a cavar una fosa en medio del barro. Siete trabajadores de la hacienda estaban maniatados. Y, a su jefe, lo extorsionaron.
“Danos 25.000 dólares antes de que te encontremos los muertos, porque te los vamos a conseguir”, le gritaban los uniformados al dueño del predio campesino.
Pero Ledezma no sabía a qué muertos se referían. Amigos productores llegaron minutos después al lugar, acompañados de cuatro policías municipales y otros tantos militares de la Guardia Nacional Bolivariana. Exigían su libertad, reclamando la ilegalidad del procedimiento.
Dos de ellos comenzaron a grabar con sus teléfonos celulares. Las imágenes se hicieron virales luego del hecho, que culminó con la liberación del productor.
“Decían que ellos no tenían que dar parte a nadie, que tenían órdenes de Caracas para el procedimiento”, contó a la Voz de América un testigo. “A Américo, le iban a matar los obreros para ‘sembrarlos’ en esa fosa”, añadió.
Guevara-Rosas apuntó que esos hostigamientos se extienden, asimismo, a las familias, comunidades y hasta las mascotas de los objetivos políticos del Estado.
“Hemos sabido de casos que incluso amenazan a las mascotas de las personas detenidas arbitrariamente como un método de tortura psicológica. Hemos visto cómo han amenazado a hijas, hijos, madres, padres de personas detenidas arbitrariamente, un poco para silenciar” las condiciones de la detención, explicó.
Las transgresiones trascienden lo político, subrayan defensores de derechos humanos en los 23 estados y la dependencia central de Venezuela, como Liliana Ortega, abogada y directora de la organización no gubernamental Cofavic.
Ortega ha constatado una grave escalada de violencia durante operativos de seguridad ciudadana en el país, con acento especial en las comunidades económicamente más vulnerables.
Cofavic ha registrado 12.010 presuntas ejecuciones extrajudiciales entre 2012 y septiembre de 2020. El 99 por ciento de las víctimas son hombres y el 80 por ciento del total son menores de 25 años, se lee en sus estudios.
Redacción Maduradas con información de Voz de América
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