Este 16 de septiembre se presentó el segundo informe de la Misión Internacional Independiente de la Organización de las Naciones Unidas, en el que se denunció que las «recurrentes violaciones al debido proceso en Venezuela» revelan un sistema de justicia carente de independencia.
El grupo concluyó que esta situación de fondo ha «perpetuado las graves violaciones de los derechos humanos contra opositoras y opositores al gobierno».
La misión independiente detalló cómo las deficiencias del sistema de justicia han ido «de la mano de un patrón de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional».
El informe se basó en 177 entrevistas a actores del sistema de justicia, encuestas a exjueces y juezas, fiscales y abogadas y abogados defensores venezolanos y en un análisis pormenorizado de miles de páginas de expedientes judiciales y otros documentos oficiales,
Se revisaron también 183 detenciones de opositoras y opositores al gobierno (153 hombres y 30 mujeres; aproximadamente la mitad de civiles y la mitad de militares) entre 2014 y agosto de 2021.
Papel del sistema de justicia en las violaciones a los DDHH
La ONU determinó que, debido a una presión política que fue intensificándose, los jueces, las juezas y las y los fiscales han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un «papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela contra opositoras y opositores».
La Misión dijo que recibió incontables denuncias de presos políticos a los que mantienen incomunicados. Además, se contabilizó que en 113 de los 183 casos examinados por la Misión, se denunciaron torturas, violencia sexual, tratos crueles, inhumanos o degradantes.
La Misión destaca con preocupación que los jueces no actúan ante las denuncias de torturas de algunos privados de libertad por razones políticas.
En el documento, se detallan dos impactantes casos que dan muestra de la anterior afirmación.
«Un detenido declaró que luego de que una jueza decidiera devolverlo a la custodia de la Dgcim, fue víctima de tres meses de torturas continuas. Otra detenida narró que sufrió un aborto después de la audiencia de presentación como consecuencia de las torturas infligidas. A pesar de haber recibido denuncias de tortura, la persona titular del Juzgado de control la devolvió a la custodia de la DGCIM», se lee textualmente.
La Misión no encontró evidencia de que funcionarias y funcionarios de alto nivel hayan sido investigados o procesados por someter a detenidos de ambos sexos a desapariciones forzadas de corta duración, tortura (incluida la violencia sexual) y ejecuciones extrajudiciales.
Redacción Maduradas con información de Runrunes
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