Después de la reciente visita oficial de Nicolás Maduro a Brasil, Amnistía Internacional (AI) le envió una carta al presidente de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva, y al ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, en la que plantean su preocupación por las declaraciones ofrecidas por el mandatario durante una conferencia conjunta con el líder socialista.
El pasado lunes 29 de mayo, Lula da Silva afirmó que el autoritarismo en Venezuela es “una narrativa construida”, pese a que existe una investigación en la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad y los informes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en los que se han denunciado ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y hasta torturas en Venezuela.
“La Misión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas investigó la responsabilidad de las autoridades de ese país en la comisión de posibles crímenes de lesa humanidad, como detenciones y ejecuciones arbitrarias. El organismo concluyó que no existen investigaciones imparciales sobre violaciones de derechos humanos en Venezuela. La impunidad motivó incluso una investigación por parte del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI)”, recordó la organización en el escrito.
En la misiva, la ONG advierte que con esas afirmaciones se está “minimizando el impacto de la crisis de derechos humanos en Venezuela, en lugar de condenarla enérgeticamente”.
AI destacó que el gobernante de Brasil “nunca debe permitir que surjan dudas sobre su compromiso con los derechos humanos, que incluyen el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición para las víctimas”.
Por ello, Amnistía Internacional considera que, ante declaraciones como la de Lula da Silva, “es necesario aclarar que las violaciones de derechos en Venezuela no fueron fraguadas por una narrativa política, ya que continúan amenazando la vida y seguridad de miles de personas”.
El documento también insta a los funcionarios de Brasil a que exijan al régimen de Venezuela que cese la política de represión, “que permita a los defensores de los derechos humanos realizar su trabajo de manera segura; y que dé acceso pleno e irrestricto a los mecanismos internacionales de derechos humanos en su territorio”.
Por último, en la carta exhortan al presidente del vecino país a que reconozca “la actual crisis de derechos humanos en Venezuela y buscar medidas para resolverla”.
Redacción Maduradas
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