El diario El País de España reveló que la Justicia de Andorra ha reclamado a las autoridades de Venezuela el organigrama de la compañía estatal Petróleos de Venezuela y sus filiales, en el marco de la investigación que desarrolla el país europeo para desentrañar el cobro de 2.000 millones de euros en comisiones ilegales que Pdvsa pagó a funcionarios y empresarios próximos al chavismo entre 2007 y 2012.
Foto: La Razón
La jueza de Andorra Canòlic Mingorance remitió la lista de 35 personas, en su mayoría ex altos directivos de Pdvsa, para conocer con exactitud sus cargos, responsabilidad, competencia o relación con esta empresa pública, la principal del país
Esta jueza investiga a altos directivos de la compañía durante la etapa de Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) que depositaron 2.000 millones de euros en la Banca Privada d´Andorra (BPA).
“Para entender el sistema de corrupción es necesario determinar cuál era la ocupación y la responsabilidad de la persona sobornada”, justifica la jueza, que afirma que los 2.000 millones de euros que transitaron por la BPA “provendrían de la corrupción en el marco de pagos de comisiones ilegales a través de PDVSA y otras corporaciones públicas como la Corporación Eléctrica S. A. (Corpoelec Electricidad de Caracas)”.
Los pagos de los presuntos sobornos se abonaron entre 2007 y 2012 en Andorra. El dinero habría circulado por una compleja telaraña de 37 cuentas a nombre de sociedades panameñas. Desde allí pasaron por El Principado a paraísos fiscales como Suiza o Belice, según las pesquisas policiales.
Entre esa lista negra se encuentran Nervis Villalobos, exviceministro de Energía y Petróleo encargado del suministro de electricidad entre 2001 y 2006; Javier Alvarado, exviceministro de Energía y expresidente de Corpoelec, la eléctrica estatal; y Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, exministro de Energía y expresidente de PDVSA.
Redacción Maduradas con información de El País de España
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