Recientemente, ante el presunto desalojo de al menos 11 familias de sus viviendas en el conjunto residencial Los Olímpos, sector Lagunetica, en Los Teques (estado Miranda), algunos propietarios se defendieron y afirmaron haber pagado, en su totalidad, el monto del valor de sus casas.
El Nacional
Sin embargo, también afirmaron que el régimen nunca les entregó sus títulos de propiedad.
La ciudadana Viviana Heredia, nombre ficticio para proteger a la auténtica propietaria, aseveró a El Nacional que Pamela Escobar, directora de Inviami, le afirmó que ya la casa en la que vivía no era suya.
«¿Cómo no va a ser mía si yo la pagué y además con mucho esfuerzo le puse el piso, la reja, la cocina? Allí están mis corotos, todo, el juego de comedor, la cubertería, mi cocina. Incluso allí están los documentos que dan fe de que yo lo pagué pero ni siquiera puedo entrar a buscarlos», aseveró la ciudadana.
A pesar de que los funcionarios que habrían ejecutado el desalojo aseguraron haber realizado inspecciones desde hace varios meses para determinar quiénes estaban en las casas y quiénes no, la mujer explicó que, en su caso, ella estaba en la casa los fines de semana por las dificultades de transporte y acceso al efectivo. Además, al trabajar en Caracas, le resulta más viable quedarse en la casa de su madre en días de semana.
Sin embargo, Escobar, supuestamente, sentenció que ya aquellas viviendas no pertenecían a esas 11 familias desalojadas: “Los adjudicatarios de esta casa tienen que desayunar, almorzar y cenar aquí, si no es que no la necesitan”.
El abogado encargado del caso, por su parte, denunció al portal de noticias que el procedimiento de desalojo se ejecutó sin orden judicial por el Inviami con el Cicpc y la GNB, quienes ingresaron a las casas a la fuerza. Además, destruyeron y sustituyeron cerraduras.
«Las familias quedaron literalmente en la calle: no tienen adonde ir y en plena pandemia del covid-19. Hay menores de edad y adultos mayores entre los miembros de las 11 familias«, alertó.
Vale señalar que los funcionarios implicados afirmaron haber seguido órdenes de Héctor Rodríguez, el alcalde chavista de Miranda. Así lo refirió el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
Redacción Maduradas con información de El Nacional
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