¡Es la prensa amarilla!», grita y se indigna Maikel José Moreno Pérez cada vez que un cronista le pregunta sobre su pasado tras las rejas. Lo atribuye a un sector del periodismo que no le tiene simpatía, reseña un reportaje de Infobae.
Foto: Reuters / Agencias/ El Nacional
La historia, en cambio, dice que fue en 1989 cuando el ex guardaespaldas, agente de inteligencia y abogado pasó un tiempo detenido por el asesinato de un adolescente.
Moreno, nacido en El Tigre, Anzoátegui hace 53 años, es actualmente el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Asumió la responsabilidad en febrero de 2017 y desde entonces ha sido una herramienta más de la dictadura comandada por Nicolás Maduro. A la máxima instancia del país ingresó en 2014, pese a sus oscuros antecedentes. O gracias a ellos.
Conoce el submundo criminal como pocos. Lo transitó en casi todas sus modalidades. Debió ser parte cuando ejerció funciones en los 80 en la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), actual Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el temido Sebin. Entre sus responsabilidades estuvo la de cuidar las espaldas del ex presidente Carlos Andrés Pérez. Pero tras su tropiezo con la justicia al ser investigado por un crimen -el de Rubén Gil Márquez, 19 años– y purgar tiempo en la sombra, el agente se internó en los libros de la Universidad Santa María de la que egresaría en 1995 como abogado. A partir de entonces tendría más herramientas para forjar su destino.
Durante sus años de traje y corbata se lo vinculó con una peligrosa organización delictiva: La banda de los Enanos, dedicada a presionar y sobornar a magistrados y a orquestar causas contra enemigos.
Como hombre de leyes comenzó a darse cuenta que donde enfrentaría mejores resultados sería como defensor de aquellos que quebrantaban las normas. Un negocio que le resultó redondo. Fue así como tras años de hacerse conocido en la arena legal, Moreno empezó a tejer vinculaciones con el poder político de turno: Hugo Chávez ya concentraba todo Venezuela bajo su brazo y el delfín de los tribunales le sería de gran utilidad.
Hasta fue investigado -siendo ya magistrado- por haber amenazado a un juez para que dejara en libertad a Saúl Coredero, traficante de armas y estupefacientes. Las grabaciones de aquella conversación figuran en un expediente.
Los archivos que muestran su pasado violento y su participación en el homicidio de Gil Márquez desaparecieron. Son pocos los registros que quedan sobre el hombre que supo velar por la seguridad de un presidente demócrata. Ningún testigo habla al respecto. Y la familia de la víctima no tiene recursos para continuar con el caso. Más: su madre, Carmen Romelia Márquez de Gómez murió en 2007.
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