Este viernes, organizaciones no gubernamentales de Venezuela solicitaron una investigación sobre el asesinato de Edwin Santos, dirigente y cofundador del partido opositor Voluntad Popular (VP) en el estado Apure, quien presuntamente fue detenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el miércoles 23 de octubre.
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A través de X, Provea exigió una investigación urgente, independiente e imparcial para esclarecer este trágico suceso. Además, hizo un llamado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU para que presten atención a este caso.
La organización Justicia, Encuentro y Perdón también se pronunció en la misma red social, afirmando que los familiares de Santos merecen «respuestas claras y basadas en la verdad».
Por su parte, Fundaredes destacó que este incidente refleja la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los habitantes de las regiones fronterizas. La ONG pidió una investigación transparente y justicia para Santos, instando a organismos nacionales e internacionales a garantizar la protección de las comunidades en estas áreas, donde los derechos humanos y la seguridad están severamente amenazados.
En un comunicado, VP denunció el asesinato de Santos, afirmando que había sido «secuestrado por miembros de los organismos de seguridad del Estado», un hecho corroborado por testigos en la zona. Según el partido, Santos se encontraba hasta la tarde del jueves en la sede de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) en Guasdualito, una localidad cercana a la frontera con Colombia.
VP destacó que Santos fue un «actor clave en la victoria» del antichavismo en Apure durante las elecciones presidenciales del 28 de julio, aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Nicolás Maduro como el ganador. Su muerte, advirtió VP, representa una «señal clara de retaliación política» en su contra y contra el activismo democrático.
Santos fue coordinador local del comando de campaña presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), y el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV) exigió una investigación «transparente e independiente».
Redacción Maduradas con información de La Patilla.