La ONG venezolana Acceso a la Justicia denunció este viernes 18 de febrero, que a pesar de que la unidad monetaria de Venezuela es el Bolívar, el régimen de Nicolás Maduro avanza en la imposición del petro como mecanismo de pago.
Composición Maduradas
Tras la reforma de la Ley de Registros y Notarías aprobada por la ilegítima Asamblea Nacional (AN) de 2020, los venezolanos deberán realizar sus pagos con la criptomoneda venezolana, los registros de documentos en notarias deberán ser cancelados en bolívares pero utilizando el valor del Petro vigente a la fecha de la solicitud.
El petro fue creado por el líder del régimen Nicolás Maduro, mediante el decreto n.° 3.292 del 23 de febrero de 2018, es decir, no fue producto de una ley dictada por la AN, luego dos meses después la extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) dictó el Decreto Constituyente sobre Criptoactivos y la Criptomoneda soberana Petro, con el cual pretendía dar valor jurídico a la resolución gubernamental.
La reforma de la Ley de Registros y Notarías según la ONG, parece tener como único propósito recaudar más dinero, ya que ninguno de sus artículos establece disposición alguna tendiente a mejorar el servicio y hacerlo más eficiente, sencillo y transparente.
La reforma adopta un sistema de tasas basado en límites o montos máximos, para registrar títulos y certificados académicos, científicos y eclesiásticos los ciudadanos deberán pagar hasta un máximo de dos décimas de petro (0,20).
El registro de cualquier tipo de sociedad, la realización de firmas personales y asociaciones de cuentas en participación los ciudadanos deberán pagar un máximo de una unidad de petro, además de hasta cinco décimas de petro por cada folio que contenga el documento o actuación.
El pago de impuestos por la compraventa de vehículos y motocicletas dependerá de su fecha de fabricación el cual oscilara entre dos y cinco petros.
La Ley de Registros y Notarías contiene varias contradicciones, pues aunque fija en petros, en el apartado relacionado con los impuestos mantiene la figura de las unidades tributarias.
Anclar las tasas al petro no da seguridad jurídica a los ciudadanos, pues este instrumento se sustenta en buena medida por el precio del barril de crudo, el cual fluctúa diariamente y puede sufrir cambios bruscos en el mercado económico.
La AN modificó de manera arbitraria la ley, sin garantizar la participación ciudadana, como lo impone la Constitución en el procedimiento de la formación de las leyes.
Redacción Maduradas con información de Acceso a la Justicia
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