Se aproximan los primeros días de Octubre, en donde el Gobierno de Venezuela debe afrontar US$5.200 millones en pagos de servicio de deuda. ¿Pagará? ¿Tiene suficientes fondos líquidos? ¿Reunirá los fondos mediante una venta apresurada de CITGO, filial de PDVSA, la empresa petrolera estatal de Venezuela?
Es una buena pregunta. Otra pregunta diferente es si Venezuela debería pagar. Es cierto, qué deberían hacer los gobiernos no está totalmente divorciado de qué es lo que efectivamente harán, pues en general la gente hace lo que debe. Pero las preguntas que involucran “debe hacer” traen consigo juicios morales que no están presentes en las preguntas que involucran «hará”, y por eso suelen ser mucho más complejas.
Uno podría decir que siempre que se pueda cumplir con las obligaciones asumidas, eso es lo que se debería hacer. Es lo que la mayoría de los padres enseñan a sus hijos.
Pero el cálculo moral se complica cuando es imposible cumplir con todos los compromisos y se hace necesario decidir cuáles cumplir y cuáles no. Hasta ahora, bajo el ex Presidente Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, Venezuela ha optado por pagar religiosamente sus bonos de deuda externa, gran parte de los cuales están en manos de venezolanos ricos y bien relacionados.
Yordano, el popular cantante venezolano, probablemente tendría un orden de prioridades diferente. Diagnosticado con cáncer hace algunos meses, debió lanzar una campaña en las redes sociales para poder conseguir las medicinas necesarias para su tratamiento. La gran escasez de medicamentos y material quirúrgico en Venezuela es una consecuencia directa de un default de US$3.500 millones del gobierno con importadores de farmacéuticos.
¿Que ocurre en el resto de la economía?
Algo similar ocurre en el resto de la economía. Los retrasos con importadoras de alimentos alcanzan ya US$4.200 millones, lo que ha producido una grave escasez en productos de la canasta básica. En el sector automotriz, el incumplimiento supera los US$3.000 millones, lo que ha resultado en el colapso del transporte por falta de repuestos. A las aerolíneas se les deben otros US$3.700 millones, lo que ha llevado a varias a suspender sus vuelos y redujo la oferta de cupos en 50%.
En Venezuela, los importadores deben esperar seis meses luego de que sus productos pasan por la aduana para poder adquirir dólares previamente autorizados. Dado que el gobierno ha optado por incumplir estas obligaciones, muchos importadores han venido acumulando una abundante cantidad de moneda local. Durante un tiempo, la falta de acceso a divisas fue compensada con préstamos de proveedores extranjeros y casas matrices, pero las deudas acumuladas y las pérdidas debido a las sucesivas devaluaciones han acabado con su paciencia y cerrado el crédito.
La lista de defaults es interminable. Venezuela está también en mora con los proveedores, contratistas y socios en joint-ventures de PDVSA, con lo cual las exportaciones de petróleo han caído 45% en relación con 1997, y su producción apenas roza la mitad de lo que el plan de 2005 había previsto para 2012.
Más aún, el Banco Central de Venezuela también ha incumplido con su obligación de mantener estabilidad de precios, habiendo casi cuadruplicado el dinero en circulación en 24 meses, lo que ha hecho que el bolívar pierda el 90% de su valor en el mercado negro y que la tasa de inflación sea la más alta del mundo. Para colmo de males, el Banco Central también ha incumplido con su obligación de publicar la inflación y otras estadísticas esenciales.
Venezuela funciona con cuatro tipos de cambio, donde el más fuerte está 13 veces por encima del más débil. Así las cosas, no ha de sorprender que el arbitraje cambiario sea el negocio más rentable en el país, lo que ha impulsado la corrupción venezolana a las posiciones más altas del ránking mundial.
Todo este caos es consecuencia de un déficit fiscal colosal que ha sido cubierto a través de creación de dinero, represión financiera, endeudamiento y defaults – aún a pesar de la bonanza petrolera que se deriva de un precio del barril de US$ 100. El gobierno de Nicolás Maduro, en lugar de atacar las causas del problema, ha decidido complementar los controles cambiarios y de precios con el cierre de las fronteras y la colocación de lectores de huellas dactilares de los compradores, supuestamente para evitar el «acaparamiento». Esto constituye una violación a las libertades más básicas de los venezolanos que no se observa en Bolivia, Ecuador y Nicaragua; tres países que presumen de una ideología similar pero mantienen un único tipo de cambio y una tasa de inflación de un dígito.
¿Debería Venezuela hacer default?
Si las autoridades adoptaran políticas con sentido común y buscaran el apoyo del Fondo Monetario Internacional y otros prestamistas multilaterales, como lo suele hacer la mayoría de países en problemas, se le aconsejaría renegociar la deuda externa. De esa forma, el peso del ajuste se compartiría con otros acreedores, como ya ha ocurrido en Grecia, y la economía ganaría tiempo para recuperarse, particularmente en la medida que empiecen a madurar nuevas inversiones en las reservas petroleras más grandes del mundo. Los tenedores de bonos harían bien reemplazando sus papeles actuales por instrumentos de más largo plazo que se beneficiarían de la recuperación económica.
Nada de esto va a suceder bajo el mandato de Maduro, quien carece de la capacidad, capital político y voluntad para moverse en esa dirección. Pero el hecho de que su gobierno haya decidido incumplirle a los 30 millones de venezolanos para pagarle religiosamente a Wall Street no debe ser interpretado como una señal de rectitud moral. Es más bien una muestra de su decadencia moral.
¿Hará default Venezuela?
Los mercados temen que sí. Por esa razón, los bonos de la deuda externa venezolana rinden 11 puntos porcentuales más que los del Tesoro estadounidense, 12 veces más que los de México, 4 veces más que Nigeria y el doble de lo que paga Bolivia. En mayo pasado, Venezuela hizo una emisión “privada” por US$ 5.000 millones en bonos a 10 años con cupones del 6%. Para poder colocarla, tuvo que dar un descuento del 40% por lo que apenas recibió US$ 3.000 millones. La diferencia, US$2.000 millones, es la compensación que demandan los inversionistas por tomar el riesgo del país.
Ricardo Hausmann / Project Syndicate