El informe anual sobre drogas del Departamento de Estado de EE.UU., asegura tras el caso del general Hugo «El Pollo» Carvajal, la colaboración del gobierno de Venezuela en la lucha contra el narcotráfico disminuyó.
Asimismo, denunció que el gobierno de Maduro incurre en múltiples y reiteradas fallas al no tomar medidas contra funcionarios y militares vinculados con este delito. La conclusión de este informe sitúa a Venezuela como uno de los países que no han cumplido con los acuerdos internacionales en el área de narcotráfico.
“El gobierno venezolano volvió a fallar al no tomar medidas contra funcionarios de su gobierno y militares de su país que sabe que están vinculados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC ) y otras organizaciones de tráfico de drogas”, dice el informe anual Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos, presentado esta semana por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
El documento ubica a Venezuela en la lista de los 22 países con mayor tránsito de drogas y entre las tres naciones que no cumplieron con los acuerdos internacionales de lucha contra las drogas, junto a Birmania y Bolivia.
Además, Venezuela también fue colocado entre los principales países dedicados al lavado de dinero. Una de las razones es que sus instituciones financieras pudieran estar realizando transacciones de divisas que involucran cantidades significativas provenientes del tráfico de estupefacientes.
Otra posibilidad es que “este año la lista de los principales países de lavado de dinero reconoce esta relación mediante la inclusión de todos los países y otras jurisdicciones, cuyas instituciones financieras participan en transacciones que involucran cantidades significativas de ganancias de todas las formas del crimen organizado”.
El informe, que clasifica a Venezuela como un país vinculado al tráfico de drogas y al lavado de dinero, es publicado cada año por el Departamento de Estado. En esta ocasión coincidió -apenas con una semana de diferencia- con el escándalo generado por la denuncia de la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro sobre la existencia de una gran operación de lavado de dinero en la Banca Privada de Andorra (y su similares de Panamá y Banco de Madrid) que involucra a funcionarios y ex funcionarios del chavismo que blanqueaban dinero de la corrupción.
Con información de RunRun.es.