Defensores de derechos fundamentales recomiendan a la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), reanuden la investigación al régimen de Nicolás Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad y evitar que los mismos “sean olvidados y que los responsables de su comisión queden impunes”.
Reuters
Organizaciones de la sociedad civil venezolana adelantan esfuerzos para lograr justicia para víctimas de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país y esperan que la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) reanude la investigación del caso Venezuela.
Algunos testimonios de víctimas fueron recopilados en un informe titulado “24 testimonios, 21 crímenes de lesa humanidad”, del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Prisiones (OLACP) y el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), con el propósito de que sea evaluado por la fiscalía de la CPI “sirva como insumo” para la solicitud de la reanudación de la investigación.
“Los desgarradores testimonios puestos de relieve en este informe y la ausencia de investigaciones genuinas y significativas a nivel interno en contra de los presuntos responsables, evidencian la necesidad de que la situación de Venezuela continúe bajo el escrutinio de la CPI”, expone el informe.
En el documento las víctimas brindaron su testimonio, exponiendo que algunos de los actos más frecuentes de tortura son : “asfixia por ahorcamiento” y “electrocución en distintas partes del cuerpo”.
Humberto Prado, director del OLACP, reiteró que los testimonios evidencian que el régimen no ha realizado investigaciones “exhaustivas e imparciales” que determinen las responsabilidades de todos los involucrados, especialmente de los niveles medios y altos de las cadenas de mando.
En noviembre del año pasado la fiscalía de la CPI decidió abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y, a principios de este año, el fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció que acordó con Maduro la instalación de una oficina en el terreno.
Desde entonces, el gobierno venezolano inició una serie de reformas en el sistema de justicia que, según diversos sectores, no “altera el hecho de que en Venezuela no hay tribunales ni imparciales ni independientes”.
Durante el último diálogo interactivo sobre Venezuela antes de dejar el cargo, Michelle Bachelet, ex Alta Comisionada para DDHH de la ONU, llamó a parar prácticas que atenten contra las libertades cívicas y democráticas, además reconocio los “avances” en la implementación de recomendaciones formuladas por su oficina, entre ellas, las reformas que en materia judicial ha llevado a cabo el Estado venezolano pero que, para algunos sectores, solo buscan “eludir” las competencias de la CPI.
Redacción Maduradas con información de VOA
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