El diario Washington Post aseguró en un reportaje publicado este lunes 26 de agosto en su portal web que el número de menores de edad arrestados en Venezuela ha superado las cifras reportadas incluso durante las campañas de represión más conocidas de la región.
AP Foto/Fernando Llano
Mientras la dictadura militar argentina de los años 70 y 80 detuvo a 151 menores de edad en siete años, y el régimen del dictador chileno Augusto Pinochet apresó a 956 entre 1974 y 1990 (aproximadamente 56 al año), el régimen de Nicolás Maduro ha llevado a cabo al menos 120 detenciones en menos de un mes.
La mayoría de estos menores proviene de barrios obreros, recordados por su apoyo a los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro, que parecen haberse volcado hacia la oposición en el último mes. Sin embargo, lo más preocupante es que ninguno de ellos ha tenido acceso a un abogado privado, de acuerdo con el grupo de asistencia jurídica pro bono Foro Penal. Muchos estuvieron detenidos al menos una semana antes de poder comunicarse con sus familias.
“Antes, al menos, teníamos acceso a las personas detenidas y estábamos presentes si había alguna denuncia de tortura. (…) Ahora todo el mundo tiene miedo de hablar”, denunció Alfredo Romero, presidente de esa ONG.
Uno de los casos más impactantes ocurrió en la madrugada, cuando 17 oficiales de contrainteligencia militar irrumpieron en la casa de una familia. Apuntando sus fusiles, sometieron a una mujer de 40 años y a su hijo de 5. El hijo mayor, de 15 años, fue golpeado y arrastrado hasta una furgoneta después de revelar el nombre de un amigo. Según relató la madre, los agentes lo maltrataron de manera brutal, causándole heridas en el pecho, las costillas y los brazos.
EFE/ Manuel Díaz
Estos menores de edad forman parte de las más de 1.600 personas detenidas en Venezuela durante las protestas tras las elecciones presidenciales o en operativos nocturnos, en muchos casos sin orden judicial.
Además, sus abogados también han sido objeto de persecución. Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, advierte que esta situación no solo afecta a manifestantes, sino que representa “una cacería de brujas contra cualquier crítico del gobierno”.
Los abogados de derechos humanos reportan que todos los menores de edad han sido acusados de terrorismo, y más de 100 de ellos permanecen detenidos. Asimismo, los adolescentes han denunciado abusos físicos y restricciones en las visitas y la alimentación.
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Redacción Maduradas con información de Washington Post.
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