Desde las cárceles muchos son los crímenes que se cometen en las calles, secuestros, extorsiones, y sicariatos, todos por orden del pram. Estas actividades delictivas son siempre posible por la existencia de medios de comunicación en los penales, como celulares y laptops, acción amparada por las autoridades presentes y funcionarios de la GNB.
Un funcionario del Cicpc, vinculado a la investigación de estos delitos, reveló que 90% de las extorsiones que se producen a través de llamadas telefónicas en el país se originan en las cárceles, por lo que aseguró que restringir el uso de celulares en los penales eliminaría “casi por completo” este delito. “Sería un duro golpe a las bandas de secuestro y sicariato que tienen miembros en las cárceles; no obstante, el porcentaje sería menor en el caso de estos dos delitos”, aclaró.
Por esta razón, los expertos en materia carcelaria insisten en la necesidad de redoblar los esfuerzos para impedir el ingreso de estos aparatos a los penales del país. Pero, ante la falta de voluntad del Estado para frenar el ingreso ilegal de celulares, los especialistas proponen implementar medidas tecnológicas para bloquear las llamadas que se producen en las cárceles o inhibir el funcionamiento de los equipos móviles.
Una de las alternativas tecnológicas más recomendada por los expertos es la colocación de inhibidores de llamadas, debido a su rapidez de acción y bajos costos.
Francisco Posso, especialista en seguridad en telecomunicaciones, indicó que los jammers deben ser seleccionados según su área de acción, pues pueden afectar las comunicaciones a los urbanismos cercanos al centro penitenciario.
“Esta es una solución básica, pero no garantiza que, bajo amenaza o pago, los funcionarios penitenciarios apaguen el equipo por algunas horas. O que a través de un cable terrestre desde las afueras del perímetro carcelario puedan tener acceso a Internet. Se necesita voluntad gubernamental para que el dispositivo funcione”, aclaró Posso.
Intento fallido.
De acuerdo con una fuente del ministerio penitenciario, este método se implementó el año pasado en las cárceles Rodeo I, Rodeo II y Rodeo III. Sin embargo, las comunidades cercanas manifestaron que sus aparatos celulares dejaron de funcionar, por lo que tuvieron que retirar los inhibidores de llamadas de los penales.
“Estos sistemas son muy utilizados en las embajadas. Sus costos son bastantes accesibles, deben estar cerca de 400.000 bolívares para los centros penitenciarios”, dijo el criminólogo, Fermín Mármol García.
Desde adentro.
Los presos comienzan la red de extorsión revisando los anuncios de venta de inmuebles u otros bienes en Internet, en los que se publica información de habitación, nombres y teléfonos. También ven los avisos de extravío de mascotas o personas desaparecidas. Con esa información rastrean a sus víctimas en redes sociales, como Facebook, Twitter e Instagram.
Según una fuente policial, esta fase de la operación puede realizarse en un día, entre dos o tres reos, lo que les permite investigar al mismo tiempo a cinco posibles víctimas. Al realizar la llamada, el preso hace preguntas de tanteo, como: “¿Está tal persona en la casa?, ¿cuánto va a tardar?”.“Prefieren que el interlocutor sea una persona psicológicamente débil, que no esté preparada para manejar esas situaciones, como las personas de la tercera edad”, subrayó el especialista.
El uso de un lenguaje agresivo y vulgar es característico de estos delitos telefónicos. Al tener suficiente información amenazan a las víctimas con atentar contra la vida de un familiar a cambio de una suma de dinero o de tarjetas telefónicas para celulares.
“De 10 víctimas, solo 3 pagan. Pueden pedir desde 30.000 hasta 300.000 bolívares, todo depende de la capacidad de envolver a la víctima”, dijo la fuente.
El pago en efectivo se hace a través de un depósito bancario y es retirado por un cómplice en otra entidad. “La cuenta bancaria en la que se realizó la transacción suele cancelarse poco tiempo después o dejan de usarla por un período de seis meses”, agregó.
Si la víctima denuncia a las autoridades, los funcionarios pueden tomar el número telefónico y através de un software identifican el lugar de donde proviene la llamada. Inmediatamente se comunican con el proveedor y este corta el servicio. La cárcel con mayores registros de extorsiones es la Penitenciaria
EL DATO
En las requisas realizadas en tres de los penales clausurados por el Ministerio para Servicios Penitenciarios entre 2012 y 2013 (La Planta, Uribana, Sabaneta), los funcionarios incautaron 924 celulares, según boletines de prensa de la institución. De hecho, la propia ministra Iris Varela indicó en 2012 que «miles» de teléfonos celulares fueron retirados en los centros penitenciarios para ese momento.
Con información de: El Nacional.