Este martes 20 de febrero, la Asamblea Nacional (AN) acordó llevar informe sobre la masacre en la mina de Cicapra ocurrida el pasado 10 de febrero y del Junquito el 15 de enero, a la Corte Penal Internacional (CPI).
“En Venezuela, ningún funcionario policial tiene derecho a perpetrar una ejecución extrajudicial”, señaló la diputada Delsa Solórzano, quien denunció que los venezolanos que fueron asesinados durante dichas masacres fueron catalogados como terroristas.
Por su parte, el parlamentario Yasbek Rachid mostró imágenes de los cuerpos de las 18 víctimas de la masacre en la mina de Cicapra, quienes fueron asesinadas, «bajo la excusa de un enfrentamiento que no existió”.
“Aún se espera la presencia de los fiscales nacionales para iniciar investigación de estos delitos de lesa humanidad. El régimen debe responder por está masacre”, denunció.
Asimismo, también se refirieron a la denominada masacre del Junquito, donde fue asesinado el piloto Oscar Pérez y sus compañeros, cuando intentaban entregarse a las autoridades.
Redacción Maduradas con información de 800 Noticias
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