En el asesinato del estudiante Kluiberth Roa, de 14 años de edad, se violaron todas las reglas. El funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, Javier Mora, y sus superiores ignoraron las distintas normativas que rigen la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado en el control del orden público. Burlaron los acuerdos y tratados internacionales que prohíben el uso de armas de fuego para reprimir manifestaciones. Pisotearon el Manual de Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza Policial. También intentan obviar que en estos casos la responsabilidad es compartida: supervisores, jefes y ministros también son responsables, reporta Runrunes.
Roa no fue herido por perdigones de goma. El estudiante fue asesinado con un bala o con perdigones de plomo, coinciden expertos en investigación criminal. Se trata de un homicidio intencional.
“Imposible causar un daño así con perdigón de goma. No se causa esa lesión ni de lejos ni a contacto”, aseguró el comisario Luis Godoy, al referirse a la herida que destrozó el cráneo del estudiante Kluiberth Roa. El ex policía investigó casos similares de homicidios ocurridos durante manifestaciones. “Necesariamente la escopeta debió tener un cartucho vivo de 9 perdigones de plomo o una bala rasa. De ser así, esto indica que hubo la intención expresa de causar daño por parte del funcionario que cargó la escopeta”, dijo el comisario Elisio Guzmán, ex director del Cicpc y secretario de seguridad de la Policía de Miranda.
Asimismo el funcionario de la PNB Javier Mora violó toda la normativa sobre el uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial, al dispararle al estudiante Kluiberth Roa y recurrir a la “fuerza potencialmente mortal”, saltándose las etapas previas de “persuasión y diálogo”.
“El uso de la fuerza física sólo se justifica ante el agotamiento del despliegue táctico y el diálogo con sus respectivos subniveles (investigativo, persuasión, advertencia y amenaza), o cuando las circunstancias impidan su establecimiento”, dice el Manual de Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza Policial, elaborado por el Consejo General de Policía.
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“En el caso de Táchira, quizás el funcionario no estaba preparado para manejos de manifestaciones”, dijo el comisario Luis Godoy, que fue miembro de la División contra homicidios de la antigua PTJ. En la sección referida a las Normas Generales, el manual explica que: “…todo cuerpo policial debe garantizar y proporcionar la formación teórica y práctica de los estándares para el uso progresivo y diferenciado de la fuerza policial, destacando las consecuencias de su indebida o incorrecta aplicación”. Agrega que los cuerpos policiales son los encargados de velar por el fiel cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en el manual. “Todo uso abusivo o arbitrario de la fuerza por parte de miembros de la policía es una violación a los Derechos Humanos y será investigado y sancionado disciplinaria y penalmente, por tanto, la funcionaria o el funcionario policial deben notificar lo sucedido a las autoridades competentes”.
No hubo legítima defensa y la responsabilidad es compartida. El estudiante no estaba armado y estaba de espalda cuando el funcionario le disparó en la cabeza, por lo que no representaba ningún riesgo para el policía. “Aunque el funcionario es responsable del hecho y se trata de homicidio intencional, cuando yo mato y pertenezco a un cuerpo armado, legalmente constituido, hay responsabilidades colaterales”, dijo Godoy.