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¡ABSURDO! Ocho delitos le imputaron a jóvenes detenidos en campamentos

Dos tribunales locales ordenaron la privación de libertad y el pase a juicio de 11 jóvenes que fueron detenidos el 8 de mayo en dos de los cuatro campamentos opositores que fueron desmantelados en el este de la capital por fuerzas policiales y militares, anunció el Ministerio Público, reseña Associated Press.

Dos tribunales capitalinos acordaron la privativa de libertad de los 11 arrestados junto con otros jóvenes durante el desmantelamiento de los campamentos que se levantaban frente a las oficinas del Programa de Naciones para el Desarrollo y la plaza Alfredo Sadel, informó el domingo la Fiscalía en un comunicado.

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A los detenidos los fiscales les imputaron varios delitos entre los que se incluyen “porte ilícito de arma de fuego”, “agavillamiento (asociación ilícita para cometer delitos)”, “incitación a la desobediencia de las leyes”, “uso de adolescente para delinquir”, “obstrucción a la vía pública en grado de tentativa”, “daños violentos a la propiedad”, “tráfico en menor cuantía de drogas” y “detentación de sustancias incendiarias”.

En el caso de otros 156 jóvenes, que también fueron arrestados el 8 de mayo en los referidos campamentos, los jueces les dieron libertad pero les impusieron “medidas cautelares” de presentación periódica ante tribunales, precisó la fiscalía.

Asimismo, el Ministerio Público solicitó que 15 de los imputados sean sometidos a tratamientos médicos especializados para lograr “su plena recuperación en cuanto al consumo de drogas”, agrega el escrito.

La Fiscalía General no informó sobre los casos de los opositores que fueron detenidos también el 8 de mayo en el desmantelamiento de los campamentos que estaban en la plaza Bolívar del municipio capitalino de Chacao y la urbanización Santa Fe del municipio capitalino de Baruta.

En el desmantelamiento de los cuatro campamentos las autoridades policiales y militares arrestaron a 243 personas, informó el ministro de Relaciones Interiores, mayor general Miguel Rodríguez Torres.

Poco después de la operación, las autoridades liberaron a 16 personas de los cuales 12 eran adolescentes y cuatro con “discapacidad auditiva”, indicó la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez.

Los familiares, abogados de los detenidos, y activistas de derechos humanos han rechazado los señalamientos contra los opositores, y han denunciado que los jóvenes fueron arrestados sin cumplir los procedimientos legales.

El desmantelamiento de los cuatro campamentos, que fueron instalados hace más de un mes en el este de la ciudad por varios centenares de jóvenes en protesta contra el gobierno, ha generado en los últimos días manifestaciones callejeras en Caracas y otras ciudades, con un saldo de un policía nacional fallecido, y dos policías y una joven heridos por arma de fuego.

Venezuela se ha visto sacudida desde febrero por protestas de universitarios y opositores, esencialmente de clase media, en contra de la inflación desbordada —que alcanzó en marzo una tasa anualizada de 59%_, el desabastecimiento y un alto índice de delincuencia.

Los violentos incidentes han dejado 42 muertos, más de 817 heridos y unos 2.500 detenidos, de los cuales más de 200 permanecen arrestados y sujetos a procesos judiciales, según la Fiscalía General.

Nota de la Fiscalía

El Ministerio Público logró privativa de libertad para 11 de las personas aprehendidas el 08 de mayo, cuando las autoridades desmantelaron las carpas instaladas en la avenida Francisco de Miranda, frente a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y en la Plaza Alfredo Sadel, en jurisdicciones de los municipios Chacao y Baruta del estado Miranda, informa la Fiscalía.

La Fiscalía agregó que con relación al caso de la dependencia internacional, durante la audiencia de presentación, el fiscal 87º del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Facberm Useche, imputó a ocho personas por la presunta comisión de diversos delitos, conforme con los elementos de convicción recabados, solicitando les fuesen dictadas medidas privativas de libertad.

Entre esos delitos se encuentran: porte ilícito de arma de fuego, agavillamiento, incitación a la desobediencia de las leyes, uso de adolescente para delinquir, obstrucción a la vía pública en grado de tentativa, daños violentos a la propiedad, tráfico en menor cuantía de drogas y detentación de sustancias incendiarias.

Igualmente, la representación del Ministerio Público solicitó la aplicación de fianzas para dos hombres y una mujer, por estar presuntamente involucrados en los delitos de detentación de sustancias incendiarias, agavillamiento e incitación a la desobediencia de las leyes.

Asimismo, se solicitaron 109 medidas cautelares de presentación por considerar el Ministerio Público que existían razones jurídicas para la aplicación de esta figura.

De esta manera, el Tribunal 48º de Control del AMC, en virtud de las solicitudes realizadas por el Ministerio Público, acordó las medidas requeridas, remitiendo a los ocho privados de libertad a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Helicoide.

Plaza Alfredo Sadel

Por otro lado, en el caso de las personas que fueron aprehendidas el citado día en la Plaza Alfredo Sadel en la urbanización Las Mercedes, municipio Baruta, los fiscales 5º y 62º del AMC, Andrimar Ramírez e Ismar Maurera, respectivamente, fueron los encargados de realizar la presentación ante el Tribunal 2º de esta misma circunscripción judicial.

Ante la solicitud del Ministerio Público, fueron privadas de libertad tres personas por estar presuntamente incursas en los delitos de agavillamiento, instigación pública, uso de adolescente para delinquir y posesión ilícita de drogas, ordenándose su reclusión en la sede del Sebin.

Adicionalmente, los fiscales pidieron a la instancia judicial que fuesen acordadas medidas de presentación periódicas una vez al mes para 47 personas.

A 15 de los imputados se le solicitó al tribunal de control, fuesen sometidos a un tratamiento médico especializado que permita su plena recuperación en cuanto al consumo de drogas.

Vale destacar que a los fines de garantizar los derechos de todas las personas involucradas en el proceso penal, les fueron respetados sus derechos, incluso el Ministerio Público les llevó hidratación, almuerzo y facilito la atención de paramédicos y bomberos que preservaran su buen estado físico.

Ministerio Público

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