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¡AL BORDE! Argentina obligada a negociar para evitar un “default”

A poco más de una década de caer en la moratoria de deuda más grande de la historia, Argentina vuelve a enfrentarse con el fantasma de un “default” tras la negativa de la Suprema Corte de EEUU de revisar la demanda de los fondos de inversión en su contra tramitada en tribunales de Nueva York. Durante la semana que culmina el Gobierno argentino no dejó claro cuál será la estrategia a seguir, aunque la prensa del país destaca que desde la Casa Rosada se prepara un plan de negociación. El viernes en la tarde la presidenta Cristina Fernández de Kirchner confirmó esta versión cuando aseguró en cadena nacional que su Gobierno se sentará a negociar con los llamados “holdouts”, y en esto sí dejo claro que pondrán condiciones. “Queremos que se le genere a la Argentina condiciones para poder negociar (…) Queremos llegar a un acuerdo que sea beneficioso para el 100% de los acreedores”, dijo Kirchner, al moderar la posición de su Gobierno, que días antes se mostró vacilante sobre si dialogar o no con los fondos a los que llama “buitres”.

Cristina-Fernandez

Representantes de los fondos de inversión, por su parte, afirman que están dispuestos a negociar, pero harán todo lo posible para que Argentina no evada la orden del juez federal Thomas Griesa, que la condena a pagarles 1.330 millones de dólares. Los “holdouts” compraron bonos de la deuda argentina a precios en “default”, y tras rechazar las reestructuraciones de 2005 y 2010, demandaron al Estado con la intención de cobrar el 100% de la deuda original más los intereses.

Analistas y expertos subrayaron que lo más beneficioso para Argentina es negociar para evitar un nuevo “default”.

Los fondos demandantes NML Capital Ltd, Aurelius Capital Management y otros 13 bonistas representan el 1% del 7% de tenedores que no reestructuraron. El fallo de Griesa establece que Argentina no podrá honrar los servicios de deuda con el 93% de los bonistas reestructurados si antes no le paga a los “holdouts”, porque el dinero dirigido a los primeros será embargado.

El próximo pago de la deuda reestructurada vence el 30 de junio. Si antes de esa fecha una negociación con los “holdouts” no rinde frutos y Argentina no paga los bonos reestructurados, la deuda caería en “default técnico”, con las negativas consecuencias que traería para la economía del país.

El Gobierno de Kirchner alega que el pago a los “holdouts”, tal como lo ordena el fallo, podría desencadenar demandas por 15.000 millones de dólares del grupo de bonistas no reestructurados que no litigaron, así como demandas de hasta 120.000 millones de dólares por parte del 93% de los bonistas reestructurados, debido a una cláusula (RUFO) que impide a Argentina ofrecer mejores condiciones de pago a otros bonistas. La situación se agravó cuando el martes la Corte de Apelaciones de Nueva York levantó una medida cautelar (stay) que mantenía en suspenso la aplicación del fallo.

Opciones antidefault

El abogado Eugenio Bruno, experto en reestructuraciones de deuda declaró esta semana a Clarín que el juez Griesa no tiene mucho margen de maniobra para cambiar el fallo desde su forma original, por lo que la negociación dependerá de la voluntad de los fondos litigantes.

Una fuente que declaró a The Wall Street Journal dijo que el fondo Elliot Management Corp. del cual NML Capital Ltd es filial, está dispuesto a negociar con Argentina y que aceptarían bonos como parte de pago. Elliot estaría estudiando los acuerdos recientes de Argentina con el Club de París y la española Repsol para tomarlos como referencia. El acuerdo de pago podría incluir bonos y efectivo, agregó la fuente.

En una primera reacción tras el fallo de la Suprema Corte, el Gobierno argentino descartó que tras el levantamiento del stay pueda cancelar el pago por 900 millones de dólares de los bonos reestructurados, correspondiente al 30 de junio. Ante ello, planteó cambiar la jurisdicción de pago de Nueva York a Buenos Aires, lo que según expertos presentaría muchas dificultades legales y técnicas.

Otra opción sería entablar una negociación privada, fuera de los tribunales, en la que se reinstale el stay y Argentina pague una garantía en una cuenta a los “holdouts”. Esto le permitiría ganar tiempo hasta el próximo 31 de diciembre cuando queda sin efecto la cláusula RUFO, y así negociar con mayor holgura en 2015, reseñó el portal del diario El Universal.

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