Igual o peor que la libreta cubana, así es la nueva modalidad del Gobierno para vender comida a los venezolanos. Las llamadas «bolsas solidarias» vendidas por los consejos comunales vienen llenas de lo que el régimen considera que la población debe comer y cada cuanto tiempo debe hacerlo.
“Cuando nos vinieron a censar para las bolsas de comida yo di todos mis datos. Lo hice por necesidad. Uno tiene que comer y a mis 66 años es muy difícil hacer cola en un supermercado. Nos toca salir de madrugada y no es seguro que cuando entras al negocio queden productos para comprar”, dijo una de las habitantes del sector Las Casitas de La Vega, en el suroeste de Caracas.
Foto: El Pitazo.
Su familia fue censada por miembros del consejo comunal de ese sector el Jueves Santo. Le pidieron la cédula de identidad para llenar una planilla, además le preguntaron cuántas personas vivían en su casa, cuál era el grado de instrucción y cuánto era el ingreso promedio al mes. Ella respondió todo, pero tres semanas después sigue esperando por la “bolsa solidaria”, uno de los últimos programas implementados por el Gobierno.
Aunque la metodología para censarse varía según la zona de la ciudad, todo el registro lo hacen los consejos comunales. Son los que llenan las planillas y avisan cuándo van a vender la comida y dónde deben buscarla. Las personas que compran deben esperar 15 días para adquirirlas nuevamente, reseñó El Nacional.
Lo que para el Gobierno se trata de una nueva modalidad de distribución de productos básicos, para especialistas es otra medida de racionamiento con la que se les fija a los consumidores qué comprar, dónde hacerlo y en qué cantidad.
“Nadie duda de que los ciudadanos necesiten la comida, pero eso es como consecuencia de las distorsiones económicas que ha provocado el Gobierno, que han acelerado la inflación y la escasez. Ahora venden estas bolsas que contienen lo que ellos deciden y además les dicen a los consumidores cuándo la van a comprar. Esto no es más que un racionamiento encubierto”, aseguró la economista y profesora universitaria Sary Levy.
La socióloga e investigadora de la Universidad Católica Andrés Bello, María Gabriela Ponce, coincidió en que se trata de un mecanismo de racionamiento. Cuestionó que no se haya dejado claro cuál es el criterio que priva al decidir cuál comunidad será la beneficiada.
“Falta mucha información y por eso es difícil determinar cuál es el impacto de estas medidas. Además, hay cosas que no cuadran. Por ejemplo, hacen un censo y, sin embargo, las bolsas son estándar, tienen la misma cantidad de comida así sea para una familia de dos miembros o de cinco”, indicó.
Levy y Ponce cuestionan que se deje en manos de los consejos comunales la venta de comida, pues se puede prestar para que haya corrupción. “Lamentablemente si hay algo que la población en las barriadas ha sufrido son los poderes pequeños. Puede que haya amiguismos al momento de las ventas o que no llegue las cantidades que se enviaron”, dijo Levy.
Al igual que Levy, Ponce no duda de que se esté usando la venta de comida con fines distintos al de ayudar a la población, como los que han denunciado dirigentes de la oposición. “Cuando los mecanismos de asignación son arbitrarios siempre puede haber un objetivo distinto al espíritu del programa”.