Al menos siete personas fallecieron durante un enfrentamiento registrado en la madrugada del sábado 1 de enero entre grupos irregulares en Barrancas del Orinoco, municipio Sotillo (Monagas). El pueblo pesquero está ocupado por el narcotráfico y desde hace un tiempo esas actividades mantienen en zozobra a sus comunidades.
Archivo
«Por más de 100 horas, al menos 80 familias indígenas vivieron en incertidumbre y miedo por el toque de queda impuesto por grupos armados y las medidas tomadas por las autoridades de seguridad en el municipio Sotillo, del estado Monagas». Así lo informó la asociación civil Kapé Kapé, que defiende los derechos humanos de los pueblos indígenas. Esa fue otra de las consecuencias de los enfrentamientos.
«No podemos salir de nuestras casas, nuestros hijos lloran de hambre», aseveró durante una entrevista ofrecida al diario El Nacional, vía telefónica.
«Estamos encerrados, hay miedo y temor para salir de las casas ante las horas de terror vividas el primero de enero por el tiroteo que se generó a tan solo 100 metros de la comunidad», resaltó.
De esta manera, Kapé Kapé confirmó que la comunidad warao de Wirinoko Arao, se vio sometida al encierro. El cacique también destacó que las familias en esa población necesitaban salir diariamente en busca de comida. «Mientras la reserva alimenticia se agota y el hambre se apodera de las familias indígenas», alertó en aquella oportunidad.
MILITARIZACIÓN Y DESPLAZAMIENTOS
Todavía no se manejan cifras precisas, pero fuentes consultadas por el portal de noticias El Pitazo, aseveraron que un grupo considerable de personas salieron de sus casas huyendo de la inseguridad y de la falta de garantías de que no se registraran represalias en el pueblo, cuando las comisiones de los distintos cuerpos de seguridad abandonaran las calles de la localidad, por esos días militarizadas.
Un grupo de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) —controlados por el régimen de Nicolás Maduro— se desplegaron en dicha localidad para garantizar la seguridad de sus habitantes. «En unión cívico militar policial se dio inicio a la OF 01-2022 ‘Cacique Urimare‘, en Barrancas del Orinoco edo. Monagas, a fin de garantizar la seguridad de la población», reza el mensaje publicado en redes sociales.
“Según fuentes oficiales se generó un enfrentamiento entre el ‘sindicato de Barrancas y otro grupo irregular’. La confrontación duró más de cinco horas y fallecieron siete personas, solo dos han sido identificadas”, señaló la periodista Pableysa Ostos a través de su cuenta oficial en la red social Twitter, en relación con los hechos.
«Hubo un ruido como de fuegos pirotécnicos, que solo minutos después entendí que eran armas de fuego. Ahí se desató el terror», relató por su parte a Infobae Rosa, una joven que habita en el mencionado pueblo.
«Muchos corrieron hacia la gasolinera, otros trataron de irse hacia el río. Los gritos se confundían entre el tiroteo. Yo creo que hubo muchos muertos, porque se vieron a algunos caer. Teníamos mucho miedo. Yo me cansé de gritar y después de llorar. Me vine a casa de mi suegra y no he podido salir porque todo el día hubo disparos», detalló.
De acuerdo a lo precisado por la corresponsal del mencionado medio en Venezuela, la periodista Sebastiana Barráez, apenas el año 2022 tenía cuatro horas de haberse iniciado y habitantes de Barrancas del Orinoco, celebraban en las inmediaciones de una licorería. Entre ellos había integrantes de dicha organización criminal.
Rosa le explicó a la comunicadora social que los de “El Sindicato” siempre portan armas y son autoridad del pueblo. «Desde hace cinco años, cuando eliminaron a la banda El Piojo. Ahora la guerrilla (Ejército de Liberación Nacional) se vino desde el estado Bolívar para quitarle a El Sindicato el control del río», sostuvo.
MÁS FALLECIDOS Y UN PROBLEMA DE ESTADO
De acuerdo a datos suministrados por el diario Tal Cual, hasta el 13 de enero se produjeron tres balaceras en la zona con un saldo de, al menos, nueve fallecidos.
«La violencia en Barrancas del Orinoco no es un problema político militar sino un problema gansteril, donde un grupo P quiere tener la posibilidad de sacar 500 kilos y un grupo Z, de la misma calaña, quiere que no saquen 500 kilos, sino 400. Pareciera que lo que está existiendo es un problema de carácter eminentemente cercano a que Venezuela, país o territorio, se convirtió definitivamente en zona o área de almacenamiento y de distribución de una cantidad de droga inestimable», aseveró José Machillanda, coronel retirado y sociólogo militar, a dicho medio.
«Es un problema que corresponde a lo que se llama el tercer Estado. Es decir, cuando no hay Estado, aparece alguien que le da la gana de distribuir cabilla o vender oro, y lo hace porque no tiene quien lo pare. Habla, además, de la enorme debilidad y de que este supuesto Estado permite, facilita o potencia que exista esta situación», agregó.
Redacción Maduradas con información de Tal Cual, El Nacional, El Pitazo e Infobae
También puede leer: