La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó un decreto para obligar a los partidos políticos que no participaron en las elecciones municipales (Mesa de la Unidad Democrática, Acción Democrática, Voluntad Popular, Primero Justicia y Puente) a validarse aunque ya habían cumplido con ese requisito a principio de año, decisión que fue avalada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Foto: EFE
Sin embargo, esto viola la Ley de partidos políticos, reuniones y manifestaciones públicas, que establece que la inscripción de las organizaciones se cancelará cuando hayan dejado de participar en dos periodos constitucionales y no en dos elecciones seguidas.
MUD, PJ y AD fueron a validar, mientras que VP y Puente decidieron autoexcluirse.
Pero, para el 25 de enero, tres días antes de validarse, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó la exclusión de la MUD porque “su conformación obedece a la agrupación de diversas organizaciones políticas ya renovadas y otras pendientes de renovación que podrán participar en el proceso electoral de carácter nacional, lo cual contraría abiertamente la prohibición de la doble militancia”, reseñó El Nacional.
Según el abogado constitucionalista Juan Carlos Apitz, el Poder Judicial manipuló la sentencia que prohíbe asociarse a dos organizaciones políticas, dando a entender que firmar por un partido significaba ser militante.
“Cuando se convoca a este tipo de procesos es para realzar la democracia y para que los partidos puedan participar en la vida política. Si un ciudadano quiere formar parte de un partido, acude a la casa y se inscribe, pero validarlo no implica que será militante”, explicó.
Consideró que esos dos poderes y la constituyente “configuraron el escenario para poder escoger a los adversarios de Maduro en las presidenciales y se aprovecharon de los problemas de la oposición para violar leyes y conquistar más espacios que sabían que podían perder en condiciones democráticas”.
El 23 de enero la ANC aprobó otro decreto para adelantar las presidenciales antes del 30 de abril, violando así el artículo 292 de la Constitución, que establece que el Poder Electoral es exclusivo del CNE.
Dos semanas después la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, informó que dicho proceso se haría el 22 de abril, con solo 74 días para organizarlas, aunque la norma electoral señala que debe haber proximidad entre la fecha de los comicios y de la toma de posesión.
La ANC no se quedó ahí, propuso al CNE realizar unas megaelecciones que fueron negadas porque no estaban preparados para realizarlas.
Sin embargo, el 1 de marzo la rectora informó que los comicios serían reprogramados para el 20 de mayo y que incluirían elecciones de consejos legislativos y concejos municipales para ese mismo día, aunque esta decisión viola la Ley del poder público municipal que establece que el lapso de las autoridades municipales es de 4 años; también la Ley de regularización de los períodos constitucionales legales de los poderes públicos estadales y municipales, que señala que las elecciones de gobernadores y legisladores se harán en conjunto, así como las de alcaldes y concejales.
Además otras dos leyes fueron incumplidas: la Ley orgánica de procesos electorales, que estipula que tras hacer la convocatoria debe publicarse en Gaceta Electoral; y el Reglamento general de la Ley orgánica de procesos electorales, donde se establece que las actividades de observación nacional electoral estarán sujetas al cumplimiento del Plan de Observación Nacional Electoral que apruebe el CNE.
Redacción Maduradas con información de El Nacional.
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