Desde que Hugo Chávez asumió el poder en 1999, varios miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana han estado al frente de importantes cargos y ambiciosos programas sociales y de construcción.
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Un artículo publicado en el site de Al Navío, firmado por el diputado José Guerra, señala que los oficiales tuvieron especial predilección en la gestión del control de cambios, en el Ministerio de Finanzas y en el de Alimentación.
Estas facilidades habrían permitido que el general Manuel Barroso despachara desde Cadivi presuntamente el mayor foco de corrupción desde 2003 y 2015.
«Son 12 años de saqueo a punta de empresas de maletín. Recordemos que Cadivi y Cencoex distribuyeron más de 200.000 millones de dólares en divisas preferenciales en aquel lapso», puntualizó.
Asimismo, manifestó que entre 2007 y 2014 hubo un «festival de emisión de deuda» en la Tesorería Nacional y la Dirección de Crédito Público, entes adscritos al Ministerio de Finanzas.
«Allí aparecieron dos figuras muy vinculadas a Chávez: los tenientes Rafael Isea y Alejandro Andrade. Fue tal el escándalo que tuvieron que prescindir de ellos luego de que se hizo manifiesto el latrocinio», expuso Guerra.
Agregó que el Ministerio de Alimentación tuvo a los generales Carlos Osorio y Rodolfo Marco Torres.
Indicó el artículo que cuñados, tíos y otros parientes se encargaron presuntamente de crear empresas fantasmas para comprar alimentos a raudales y con sobreprecios en Brasil y Argentina, aprovechando la «complicidad» de Luiz Inácio Lula da Silva y Néstor y Cristina Kirchner.
«La Asamblea Nacional en 2016 encontró elementos para declarar la responsabilidad administrativa de ambos y el caso fue llevado al Ministerio Público, pero el resultado fue que al diputado que investigó le abrieron un expediente en el Tribunal Supremo de Justicia», sostuvo.
Además, en el texto Guerra señaló a Carlos Rotondaro Cova, expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales; y resaltó que el exministro chavista Héctor Navarro denunció ante el Parlamento que desde 2013, con las gestiones en el sector eléctrico del teniente Jesse Chacón y el general Luis Motta Domínguez, el presunto robo superó los 2.000 millones de dólares en adquisiciones, con sobreprecios, de equipos pagados y no instalados, entre otras irregulares.
Redacción Maduradas con información de Al navío
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