Las condiciones de los venezolanos en Curazao no ha mejorado porque las autoridades de ese país continúan negándoles la protección a los migrantes, entre ellos niñas y niños, y deteniéndolas en condiciones inhumanas, denunció Amnistía Internacional en un informe reciente.
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La investigación, llamada Curazao: pocas mejoras en la protección de las personas venezolanas, señala que más de 7 millones de venezolanos han huido de la crisis de derechos humanos en su país, lo que convierte esta crisis de desplazamiento forzado en una de las mayores del mundo. Estima que 17.000 migrantes viven en situación migratoria irregular en Curazao.
La organización recordó que en 2019 las autoridades curazoleñas establecieron un procedimiento de protección que ha mejorado las entrevistas destinadas a evaluar las necesidades de protección internacional.
“Sin embargo, sigue siendo difícil acceder a este procedimiento porque las autoridades no garantizan el acceso a la información y a la asistencia jurídica, especialmente a las personas detenidas por motivos de inmigración”, dijo.
Agregó que nadie ha recibido protección desde la introducción de ese procedimiento porque Curazao considera que los venezolanos no tienen necesidades de protección ni corren peligro si son devueltas a su país.
“En la práctica, el procedimiento de protección se usa como vehículo para denegar las solicitudes de protección, lo que es contrario a su propia finalidad”, denunció.
“Vemos los pasos que han dado las autoridades de Curazao para mejorar la situación de los derechos humanos de las personas venezolanas que buscan protección en Curazao. Pero no son suficientes. Las autoridades deben redoblar sus esfuerzos y el Reino de los Países Bajos debe prestar su apoyo”, exigió Dagmar Oudshoorn, directora de Amnistía Internacional para Países Bajos.
La organización pidió a las autoridades de Curazao que garanticen los derechos de los migrantes que buscan protección y que establezcan un procedimiento de asilo justo y efectivo que cumpla las normas internacionales.
Instó a poner fin, de manera urgente, a la detención automática de las personas que buscan protección y dejar de detener a niños y niñas.
“El gobierno de Países Bajos debe evaluar los riesgos en materia de derechos humanos del apoyo que presta a las autoridades de Curazao y establecer unos criterios vinculantes en relación con estos derechos”.
Redacción Maduradas
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