La propuesta de adelantar las elecciones parlamentarias en Venezuela es inconstitucional y, según Acceso a la Justicia, podría convertirse en un nuevo ataque a la voluntad popular constituida a través de la Asamblea Nacional (AN).
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Adelantar o retrasar elecciones ha sido un recurso utilizado por el gobierno chavista-madurista a través de los años a su conveniencia para lograr el objetivo de perpetuarse en el poder, aclara la organización.
La nueva propuesta de Nicolás Maduro puede explicarse en cuatro claves:
1.- El adelanto de las elecciones parlamentarias se traduciría en una violación del artículo 192 de la Constitución, que establece que los diputados de la AN durarán cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones. La elección de la actual AN fue realizada el 6 de diciembre de 2015, por tanto el siguiente proceso electoral debería ser en diciembre de 2020.
2.- No tendría asidero constitucional, porque violaría el derecho del pueblo a elegir sus representantes mediante sufragio universal, directo y secreto (artículo 63), una decisión expresada en los comicios de 2015. Además constituiría una usurpación a la soberanía del pueblo (artículo 5 de la Constitución) que es quien eligió a través del voto a los diputados para el periodo 2016-2021.
3.- La propuesta electoral planteada apuntaría a un claro proceso parcializado dada la composición del Consejo Nacional Electoral (CNE). El Poder Electoral no goza de confianza y credibilidad respecto a los rectores y otros directivos que lo componen que fueron designados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al servicio de Maduro y no por la AN como corresponde.
4.- El adelanto de elecciones parlamentarias no implica una auténtica oferta electoral. Esto significaría un fraude a la Constitución y a la soberanía popular, tomando en cuenta que casi todos los partidos o líderes políticos opositores están anulados o inhabilitados por decisión del TSJ, de la ANC y del CNE.
Redacción Maduradas con información de La Patilla.