Los venezolanos sufriendo para que les aprueben sus cupos de divisas, mientras el Estado autoriza millones de dólares al partido español Podemos a través de los mismos mecanismos a los que los ciudadanos deben mendigar lo que por derecho les corresponde.
Dada la precaria situación económica de Venezuela, el Gobierno controla hasta el último bolívar que sale del país. Esto significa que la Fundación CEPS, afín a Podemos, necesitaba la autorización de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) para llevarse los beneficios de sus asesorías a España.
Fuente: ABC
El documento que encabeza esta información demuestra que Cadivi dio el visto bueno a operaciones de divisas en favor de CEPS por un total de 3.240.790 dólares estadounidenses, equivalentes a alrededor de tres millones de euros, en 52 solicitudes.
Esa cantidad fue transferida a cuentas de CEPS en España entre los años 2004 y 2012. No se pagaron impuestos por los beneficios que pudieron obtener, ya que las consultorías se realizaban a través de una fundación sin ánimo de lucro y, por lo tanto, exenta del pago del Impuesto de Sociedades., reseñó ABC.
La Fundación CEPS gastaba en Caracas una buena parte de los fondos que recibía por sus asesorías a los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. CEPS alquiló apartamentos en las mejores zonas de la capital venezolana para alojar a sus asesores desplazados, entre ellos toda la cúpula de Podemos. El costo, según la contabilidad interna a la que tuvo acceso este diario, era de hasta 1.500 euros mensuales por piso, una auténtica fortuna en Venezuela.
Por su parte, Juan Carlos Monedero recurrió a Cadivi de forma personal, ya que el profesor universitario que fue número tres de Podemos fue asesor personal del Gobierno de Hugo Chávez, al margen de sus colaboraciones con CEPS.
Así lo refleja la solicitud de autorización de adquisición de divisas internacionales que el profesor de la Universidad Complutense tuvo que cumplimentar para cambiar los bolívares por euros y llevarlos a España.
El nacimiento de Podemos le habría costado al Gobierno venezolano algo más de siete millones de euros, según los documentos a los que ha tenido acceso el diario español ABC.