Este miércoles 10 de febrero, al menos 138 migrantes, en su mayoría venezolanos, fueron expulsados de Chile bajo el argumento de que carecían de la visa para permanecer en el territorio.
EFE
De acuerdo con lo indicado a Efecto Cocuyo por Luis Meléndez, migrante venezolano en Chile y hermano de una de las personas deportadas, a los ciudadanos nunca se les informó, en el refugio en el que se encontraban, que se aplicaría una medida de “retorno inminente”.
Al parecer, una vez lograr pasar los puntos de control y registro en la frontera chilena, los llevaron a un refugio sanitario ubicado en Colchane en donde se les aplicó la prueba PCR. A quienes dieron negativo, fueron traslados a la ciudad de Iquique al norte de Chile: «Les dijeron que ellos llegarían al refugio y allí iban a hacer una documentación. Que iban a darle carnet movilidad, ellos podrían salir y luego apelar (la medida)».
El refugio eran las instalaciones de un colegio en donde dormían, en un solo salón, entre 15 y 20 personas a la supuesta espera de recibir el resultado de la prueba PCR.
También les habrían prometido un pasaporte sanitario, luego de que consignaran una carta de invitación con la información sobre quién los iba a recibir en el país, así como de quién se encargaría de sus gastos durante la estancia. Sin embargo, Meléndez afirmó que las autoridades nunca les dieron la información para enviar la referida misiva, tampoco les habrían permitido imprimir el documento.
Adicionalmente, durante su estancia en el refugio, los migrantes fueron ayudados por un abogado público que adelantó trámites de la medida de apelación. El amparo y otros recursos afines fueron presentados ante la Corte de Apelaciones. Entre los documentos estaba un recurso emitido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Servicio Jesuita a Migrantes y abogados de Santiago que son miembros de organizaciones.
Sin embargo, en la madrugada del 10 de febrero, los ciudadanos fueron despertados por la llegada de funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), quienes pidieron los documentos a los ciudadanos y presentaron el acta de expulsión para que la firmaran.
«Llegaron al refugio, los despertaron, les quitaron sus documentos y les hicieron firmar el acta de expulsión, que no se las explicaron, sino que había casillas donde tenían que poner sí o no y los mismos funcionaron les dijeron que pusieran no. En esas casillas tenías que especificar si ellos iban a apelar esa acta (de expulsión). Al ellos poner que no, ya estaban de acuerdo con la expulsión», detalló Meléndez.
El abogado que los había estado ayudando les indicó que, incluso al estar de acuerdo con la medida de expulsión, los migrantes tienen un tiempo estimado para apelar la causa. En ese momento, se debía elaborar una carta de amparo para retrasar el proceso y poder demostrar que todos los presentes tenían familiares en Chiles que los recibirían. Aun así, el proceso se ejecutó en la madrugada y sin aviso previo.
«Todo lo hicieron de madrugada cuando no hubiera nadie despierto ni trabajando y para que un juez no pudiera leer la carta de amparo que redactó el abogado de esos 138 venezolanos, incluyendo mi hermano«, añadió.
Redacción Maduradas con información de Efecto Cocuyo
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