El juez de la ciudad de Miami, Robert N. Scola, que lleva el caso del empresario colombiano Alex Saab, accedió a una petición de la Fiscalía para asegurar el cumplimiento de una norma que limita la divulgación de información sobre el proceso en aras de evitar interferencias.
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La defensa de Saab, no se opuso a la petición de la Fiscalía, según el último documento judicial del caso, en el juicio al presunto testaferro del régimen de Nicolás Maduro.
“A lo largo de este caso ha habido un interés significativo de los medios, tanto aquí en el Distrito Sur de Florida como en el extranjero“, dijeron los fiscales en su petición de una orden del juez que garantice el cumplimiento del reglamento local 77.2 en este mediático caso.
Ese reglamento requiere que los representantes de la defensa y de la Fiscalía no divulguen ni autorice información u opiniónes en relación con un litigio penal pendiente o inminente para evitar así interrumpir el flujo del inicio del juicio el próximo 11 de octubre, como sucedió cuando Saab compareció a su primera audiencia vía Zoom, violando las normas judiciales de prohibición de captar las imágenes, las cuales circularon en diversos medios de comunicación.
“Si existe una probabilidad razonable de que dicha difusión interfiera con un juicio justo o perjudique de otro modo la debida administración de justicia“, señala la petición.
El empresario enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, del que se declaró “no culpable” el pasado 15 de noviembre ante la jueza Alicia M. Otazo-Reyes.
El pasado mes de febrero se filtraron documentos judiciales, donde se evidencio que Saab cooperó con EEUU durante un año de forma “proactiva” sobre sus actividades ilícitas y los contratos con el régimen de Venezuela y se iba a entregar a la Justicia estadounidense.
Antes, el 10 de junio, se llevará a cabo una audiencia del caso, además queda pendiente de resolución, un recurso presentado por la defensa de Saab ante la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito, con sede en Atlanta (Georgia), en el que se alega que el empresario tenía inmunidad diplomática cuando fue detenido en Cabo Verde por una orden emitida por EEUU.
Redacción Maduradas con información de La Patilla
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