“Señores, como decía el camarada Alarcon, nosotros tenemos que revisar las estructuras, y nos vamos a radicalizar, hoy me voy a radicalizar más que nunca y todo el que sea escuálido fuera de la corporación, fuera de la corporación”.
De esta manera, el Mayor General Luis Motta Domínguez, Ministro del Poder Popular para Energía Eléctrica y presidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), anunció ante todo el país que iniciará una ola de despidos masivos en el sector eléctrico, motivado por razones políticas.
Foto: mppee
El Mayor General escala la discriminación laboral por razones políticas en la administración pública y en empresas del Estado, que Provea y organizaciones sindicales han venido denunciando desde el pasado 7 de diciembre, luego de conocerse los resultados de las pasadas elecciones parlamentarias.
Afirmar abiertamente que se procederá a despedir a trabajadores identificados con la oposición venezolana, es una clara violación a lo establecido en los convenios internacionales suscritos por Venezuela, y a lo consagrado en la Carta Magna y la legislación vigente.
Los actos de discriminación laboral por razones políticas están expresamente prohibidos en el Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscrito y ratificado por Venezuela; en los artículos 19, 21, 57 y 89 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (CNRBV); en el artículo 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (DLOTTT), y en el artículo 21 de la misma Ley que reza:
“Son contrarias a los principios de esta Ley las prácticas de discriminación. Se prohíbe toda distinción, exclusión, preferencia o restricción en el acceso y en las condiciones de trabajo, basadas en razones de raza, sexo, edad, estado civil, sindicalización, religión, opiniones políticas, nacionalidad, orientación sexual, personas con discapacidad u origen social, que menoscabe el derecho al trabajo por resultar contrarias a los postulados constitucionales”. Igualmente están prohibidos en la Ley Orgánica sobre Protección, Condiciones y Medio Ambiente en el Trabajo (LOPCYMAT) en su artículo 56 que obliga a todo empleador a “Abstenerse de toda discriminación contra los aspirantes a obtener trabajo o contra los trabajadores y trabajadoras y, dentro de los requerimientos de la actividad productiva, respetar la libertad de conciencia y expresión de los trabajadores y trabajadoras”.
El artículo 543 del DLOTTT establece que los funcionarios que, por acción u omisión, violen las normas contenidas en el instrumento legal que estén dirigidas a proteger el proceso social de trabajo y los derechos de las y los trabajadores, deben ser sancionados con remoción o destitución de su cargo.
Motta Domínguez contradice abiertamente las afirmaciones que el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, hiciera a Provea -en nombre del vicepresidente Arreaza-, con ocasión a una comunicación telefónica sostenida el 09.12.2015 con nuestro Coordinador General, Rafael Uzcátegui, en la que el funcionario negó que los despidos y actos de discriminación laboral por razones políticas fueran una política de la gestión del Presidente Maduro, al tiempo que se comprometió a investigar las denuncias registradas y formuladas por Provea.
En tal sentido, si la gestión del Presidente Maduro es coherente con las afirmaciones hechas por sus altos funcionarios a Provea, y si se actúa apegado a lo establecido en la CNRBV y las leyes vigentes, el Ministro Motta Domínguez debe ser destituido de su cargo, debido a la flagrante violación y desconocimiento de los derechos laborales expresada públicamente por el funcionario.
Provea rechaza que se sigan promoviendo actos de discriminación y hostigamiento, despidos injustificados y retaliaciones contra empleados y trabajadores de la administración pública y empresas del Estado, debido a los resultados de las elecciones parlamentarias. Reiteramos nuestro llamado al Ejecutivo Nacional a que entienda el mensaje de democracia y pluralismo que enviaron los venezolanos que ejercieron su derecho al voto en los recientes comicios, y que de una vez asuma su responsabilidad de trabajar para la garantía plena de los derechos humanos para todas y todos.
Junto a las organizaciones sindicales seguiremos denunciando los hechos que vulneren o menoscaben los derechos de las y los trabajadores, y para ello reiteramos nuestra invitación a quienes se sientan afectados por actos de discrimación laboral por razones políticas, a emplear los mecanismos previstos en la Constitución y la legislación vigente para denunciar cualquier situación que viole sus derechos laborales. Ponemos a la disposición de todos los posibles afectados nuestro correo [email protected] y nuestros teléfonos (0212) 862.10.11 / 862.53.33, para registrar, visibilizar y acompañar sus denuncias sobre estas preocupantes prácticas violatorias de derechos humanos.
Prensa Provea, 22.12.2015 / Derechos.org