Se aproxima la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) controlado por el régimen, un trámite destinado a designar desde la ilegitima Asamblea Nacional a letrados que puedan demostrar su lealtad a la revolución, por encima de cualquier otra credencial. Por eso en la lista de 258 preseleccionados tras la primera criba, se cuelan sin pudor decenas de militantes del partido de gobierno, un buen número que fueron contratistas del Estado y otros que buscan reciclar sus carreras como burócratas del chavismo, transformados todos, como por arte de magia, en jurisconsultos.
Armando Info
Todos quieren vestir de toga, aunque en esta ocasión no hay silla para tanta gente: el oficialismo, que por decisiones tácticas había patrocinado en la Asamblea Nacional sucesivas ampliaciones del TSJ, acaba de reducir el cupo de 32 a 20 plazas.
Pero que haya muchas postulaciones ante el parlamento chavista para la inminente elección de los magistrados que conformarán el nuevo TSJ, no debe interpretarse como sinónimo de diversidad. Un repaso somero a la nómina de candidatos deja en claro que la autodenominada Revolución Bolivariana no se presta para experimentos en lo que al control del Poder Judicial se refiere: escoge entre centenares de nombres de un grupo afín, en el que cada persona es como una cuenta de apariencia distinta pero insertada en el collar de la lealtad al régimen.
El proceso de selección ha pasado por cribas subsiguientes desde el momento en que se hizo la convocatoria de candidatos: de un primer listado de 434 nombres, se llegó a uno más corto de 258, puesto a consideración de la Comisión Preliminar de Postulaciones Judiciales integrada, en su mayoría, por diputados de la Asamblea Nacional oficialista. Antes, los representantes de la llamada sociedad civil constituían mayoría en el comité evaluador, pero una reciente reforma exprés de la Ley Orgánica del Tribunal, la misma que en enero de 2022 aprobó el recorte del número de letrados, incorporó más diputados.
Lo que se ha conservado de la comisión es el proceso con apariencia de escogencia cualitativa. Si bien se sopesan credenciales, lo único indiscutiblemente cierto es que la idoneidad de los candidatos tiene que ver siempre con su proximidad política con el gobierno.
Puertas adentro se debate quién será el próximo presidente o presidenta, según la mayoría de las apuestas. Hasta el momento de cierre de este reportaje dos nombres estaban sobre la mesa: Tania D’ Amelio y Gladys Gutiérrez, mujeres con disciplina que se han ganado la confianza de los líderes chavistas. La primera, rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) y, la segunda, expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia, exrectora del ente electoral y actual embajadora ante la Corte Penal Internacional (CPI), que es cercana a Cilia Flores, Primera Dama de la República.
La certeza compartida entre los observadores es que este TSJ tendrá a cargo una delicada reestructuración del Poder Judicial, en medio del escenario que define la investigación que adelanta la CPI por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante el gobierno de Nicolás Maduro.
A pesar de premisas tan claras y de la cesta monocorde de la que hay que escoger los nombres, se ha tardado en salir el humo blanco de la Asamblea Nacional. El pasado viernes 25 de marzo de 2022, el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez Gómez -un polémico político, exministro y exalcalde, que junto a su hermana Delcy, vicepresidenta, conforman la yunta de mayor influencia en el gobierno de Nicolás Maduro- pidió “unas horas más” para trabajar la decisión. Aseveró que se iniciaría “el proceso de evaluación, discusión, conversación y consulta para que en plenaria los diputados del parlamento escojan a los mejores”. Pero ni con fórceps el parto se termina de consumar.
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