La reciente noticia relativa a la decisión de Karim Khan, fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (CPI), de avanzar en la etapa de «investigación» sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela de 2017, ha dado mucho de qué hablar, ya que se trataría de un hecho sin precedentes en el continente americano.
AFP
De acuerdo con ABC, la decisión sería un «notable salto cualitativo» respecto a la fase de examen preliminar de las denuncias en que se encontraba el caso desde hace unos cuatro años. Pero se trata también de un importante paso que permitiría acceder a interrogatorios a personas importantes del régimen para, de ese modo, recabar pruebas.
«La entrada en esta nueva etapa del proceso permitirá al fiscal recabar pruebas sobre el terreno, interrogar a personas objeto de investigación, víctimas y testigos, y pedir órdenes internacionales de detención, tal como establece el Estatuto de Roma», apuntó Manuel Trillo de ABC.
Dadas las graves denuncias que reposan sobre el régimen madurista, es muy probable que el mismo Nicolás Maduro sea llamado a declarar, basado en el artículo 27 del Estatuto de Roma.
«El cargo oficial de una persona, sea Jefe de Estado o de Gobierno, miembro de un gobierno o parlamento, representante elegido o funcionario de gobierno, en ningún caso la eximirá de responsabilidad penal ni constituirá per se motivo para reducir la pena«, indica.
Esto indica que, igualmente, Maduro o cualquier implicado en abusos a los derechos humanos podría no solo ser interrogado por la CPI, sino también procesado y condenado. Así lo explicó la abogada Tamara Suju.
La experta en leyes incluye, de hecho, entre los presuntos responsables a la destituida fiscal Luisa Ortega Díaz.
«Estuvo diez años al frente de un ministerio público corrupto y fue parte de la instalación de la estructura represiva«, asegura Suju.
Redacción Maduradas con información de ABC
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