«Nos quitaron el derecho al trabajo», así lo afirmó uno de los choferes de carga pesada internacional, que junto a operadores aduaneros y transportistas de carbón, se reunieron este martes en San Antonio del Táchira para buscar solución a la situación que afrontan desde el cierre de frontera con Colombia en el pasado mes de agosto.
José Chávez, uno de los choferes, señaló que además de no llevar el sustento a sus hogares no tienen nada que hacer.
Créditos: Jhair Torres.
En la reunión se hizo un documento para entregarlo a la autoridad única militar de la Zona de Seguridad N°1, Carlos Martínez, y en un plazo de 10 días deberá hacerse una asamblea con los afectados sobre la situación que les aqueja. No descartan protestas en la capital del estado, debido a que en los municipios de frontera y algunos aledaños el establecimiento del estado de excepción, a la par del cierre de frontera, prohíbe manifestaciones.
“Ya el pueblo está desesperado y los que tenemos cuatro y cinco hijos, nietos, madres, ¿a quién le vamos a dar de comer?”, agregó el chofer.
Vladimir Tovar, encargado de Asuntos Fronterizos de Fedecámaras Táchira, señaló que son unas 9.000 personas entre choferes de carga internacional, operadores aduaneros y transportistas del carbón que de manera directa e indirecta dependen de estas áreas.
Indicó que en el documento se advierte sobre la necesidad del restablecimiento del paso de mercancías entre ambos países, acción que, posterior a la Cumbre Presidencial de Quito, no se ha concretado.
“Pedirles a las autoridades colombianas que tienen su responsabilidad en cuanto a la coordinación con las autoridades venezolanas para que haya un mayor esfuerzo y diligencia para que por la DIAN o la Cancillería colombiana se establezcan los mecanismos para el paso de las mercancías y se active la materia laboral de transportistas, almacenadoras y agencias de aduanas”, dijo Tovar.
El vocero de Fedecámaras Táchira fue tajante en cuanto a seguir con los canales regulares para elevar de manera formal los planteamientos ante las diferentes instancias gubernamentales de manera de procurar soluciones.
“No hay medidas que se conozcan al menos formalmente que no sea la institucional. Hay un estado de excepción y por eso se ha canalizado todo de manera oportuna ante los organismos competentes”, dijo.
El mismo documento con inquietudes y planteamientos será entregado a la autoridad única militar de la Zona de Seguridad N°2, Luis Arrieta, por parte de los transportistas afectados.
“El llamado que se está haciendo a las autoridades venezolanas es que en efecto hay una situación grave, que apremia y que sea atendida por ambos gobiernos”, dijo.
Con información de El Nacional.