Un trabajo del periodista Javier Ignacio Mayorca revela nuevos detalles candentes sobre el caso Andorra. Trascendió que la juez Canólic Mingorance Cairat, representante de la Sección de Instrucción Especializada I de la Bastilla de Andorra, solicitó a las autoridades francesas encargadas el congelamiento de todos los activos pertenecientes a siete venezolanos, una mujer de origen español y 24 empresas ligadas a algunos de ellos.
Tres de las personas investigadas serían muy allegadas a quien fuera ministro de Energía y Petróleo y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez.
La medida habría sido fundamentada en pesquisas que comenzaron desde el año 2012, después de una serie de «operaciones sospechosas» a través de la Banca Privada de Andorra (BPA). Se presume que era utilizada por grupos de delincuencia organizada de Rusia, China y Venezuela.
En Venezuela, funcionó una oficina de BPA en el 2006, en la torre A del Centro Ciudad Comercial Tamanaco, con el objetivo de captar los fondos manejados a discreción por funcionarios y sus testaferros.
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Redacción Maduradas con información de El Nacional.