Este martes 22 de septiembre, se registró otro enfrentamiento entre diversas fuerzas de seguridad del Estado e integrantes de la banda del Coqui y Vampi de la Cota 905.
Román Camacho – Archivo
En varios videos compartidos en la red social Twitter se puede apreciar a hombres fuertemente armados caminando por las calles situadas en los alrededores de esa zona de Caracas.
Funcionarios de la Brigada de Acciones Especiales (BAES), Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística (Cicpc), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Policía de Caracas (Policaracas) decidieron restringir el paso vehicular y peatonal por medidas de seguridad.
Fermín Mármol García, abogado criminalista, dijo en una entrevista concedida al periodista Luis De Jesús para El Nacional que “las megabandas criminales” han logrado obtener “control territorial” en el país, con la aparición de las “zonas de paz”, creadas por el régimen de Nicolás Maduro como un “plan de pacificación”.
“Lo que aconteció en la Cota 905 o que continúa aconteciendo en ese territorio es la imposibilidad que tienen las instituciones del Estado de hacer labores preventivas, pero a su vez labores de inteligencia y de investigación criminal”, resaltó.
El director del Instituto de Ciencias Penales, Criminalísticas y Criminología de la Universidad Santa María explicó a ese medio de comunicación que el oficialismo no tiene intenciones de asumir el costo político de enfrentar la violencia y el crimen organizado en la nación.
“La lucha contra el crimen y la violencia presupone pagar un costo político. En Venezuela, luchar contra las megabandas criminales, contra el pranato carcelario, contra los colectivos armados violentos, contra los boliches del occidente, tiene un costo político. Hay que diseñar planes de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana de corte preventivo, de inteligencia y de investigación criminal porque en una delincuencia que tiene control territorial, que tiene armamento ofensivo, artefactos explosivos tipo granada, fusiles e inclusive artefactos de guerra, presupone que el rescate de la territorialidad y la protección de la ciudadanía puede generar bajas y eso hay que manejarlo muy bien por la debida protección de los derechos humanos, la debida transparencia y la rendición de cuentas, pero hay un costo político que subyace”, añadió.
Además, Mármol García resaltó que “estructuras” como los colectivos armados, conocidos por ser simpatizantes del régimen de Maduro y de actuar contra la ciudadanía en manifestaciones antigubernamentales, también han favorecido que esos grupos criminales se conviertan en “megabandas” y se hayan transformado en un “serio problema” en el país.
“Hemos visto esto con Álvaro Uribe en Colombia, con Felipe Calderón en México o Nayib Bukele en Centroamérica. Lo que es evidente es que aquí no se quiere pagar el costo político de enfrentar el crimen y la violencia, pero también es factible que en los años de la revolución bolivariana ha habido estructuras que han fortalecido a estos bloques criminales, como los colectivos, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, el pranato carcelario y las políticas equívocas, como el plan de pacificación que permitió que bandas criminales se convirtieran en megabandas y ahora tenemos el serio problema de una criminalidad organizada violenta, ideologizada o no, que tiene sometida a una población”, concluyó.
Redacción Maduradas con información de El Nacional.
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