El Consejo de Ministros aprobó el pasado 27 de julio un decreto que modifica la reforma del PP que retiró la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular y que devuelve la sanidad universal al ligar la asistencia a la ciudadanía y no al concepto de asegurado.
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La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, ha anunciado la aprobación de esta medida en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha destacado el trabajo realizado por la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, ya que ha cumplido con su palabra dada hace seis semanas de presentar un real decreto para la protección de la sanidad.
Con esta normativa, el Gobierno, segun Celaá, cumple uno de sus principales compromisos, que es devolver a los ciudadanos los derechos que ha arrebatado la crisis, tanto laborales, como sanitarios.
Con esta norma, los inmigrantes en situación irregular tendrán derecho a la asistencia sanitaria en iguales condiciones que los españoles sin tener que justificar su residencia en España, si los servicios sociales constatan que su país no puede abonar esta cobertura.
Para estos últimos, se han establecido criterios que eviten el uso inapropiado del derecho a la asistencia sanitaria, de forma que, no correrá a cargo de fondos públicos siempre que exista un tercero obligado al pago o se pueda exportar el derecho a cobertura desde su país de origen.
Además, define a los titulares del derecho a la atención sanitaria, como lo son las personas con nacionalidad española y a las extranjeras que tengan residencia en España. También aquellas que, no teniendo su residencia habitual en España, tienen reconocido su derecho a la asistencia sanitaria en el país «por cualquier otro titulo jurídico», como son los pensionistas españoles que no residen en el país o los trabajadores desplazados y los transfronterizos.
En aquellos casos en que las personas extranjeras no hayan superado el periodo de estancia temporal de 90 días, será necesario la emisión de un informe previo favorable de los servicios sociales competentes de las comunidades.
La ministra ha resaltado que la universalidad no supone un sobrecoste para el SNS, sino que favorece su sostenibilidad, ya que la asistencia «normalizada» en atención primaria permite un mejor control de las enfermedades, evita que se agraven y que los pacientes tengan que acudir a urgencias o ser hospitalizaos, lo que implica mayor gasto sanitario.
Así, según Montón, la «exclusión sanitaria» de la reforma del PP ha producido un empeoramiento de la salud de las personas que quedaron excluidas. Una sociedad justa no deja a nadie atrás», ha subrayado la ministra de Sanidad, Carmen Montón, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha insistido en que desde este viernes «en España se recupera la universalidad en el derecho a la salud».
Lo hace, según ha comentado, «gracias a una norma que viene a armonizar y a dar cohesión al sistema nacional de salud, que genera igualdad y equidad en el acceso y que da seguridad jurídica a las personas, a los profesionales y a las administraciones públicas».
Montón ya transmitió hace seis semanas al Gabinete su intención de abrir un proceso dialogado para la recuperación del derecho a la salud para todas las personas «y hoy esto se cumple», ha afirmado.
Médicos del Mundo celebra que el Consejo de Ministros haya aprobado la nueva ley para recuperar el acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS) de España, anulado en 2012.
«Han sido seis años muy complicados para muchas personas, muchas se han quedado en el camino. Nuestra salud pública y global, nuestra economía y la cobertura sanitaria universal en nuestro país se han resentido profundamente», afirma José Félix Hoyo, presidente de Médicos del Mundo.
Desde este colectivo, «exigimos que la nueva ley sea clara y eficaz para proteger el derecho que reconozca la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones»,agregó.
Información de EFE
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