La semana pasada los presos políticos Daniel Ceballos, Raúl Baduel y Deivis Oliveros fueron liberados de sus calabozos, el primero con la asignación de la medida de casa por cárcel, y los otros dos en libertad condicional y con régimen de presentación. Si, es un cambio enorme el haber salido de un confinamiento tras las rejas, pero ahora su libertad de ve coartada de otra manera: no podrán comunicarse con la prensa ni intervenir en la diatriba política del país.
“Todo apunta a que se trata de una estrategia de pacificación de grandes movilizadores del voto: un político con gran popularidad como Ceballos, un general en jefe trisoleado que alguna influencia debe mantener en los cuarteles como Baduel y un estudiante del ala radical, JAVU, como Oliveros. La condición que les han impuesto a los tres pudiera resumirse en aquello de ‘calladito y quietico te ves más bonito’, porque está claro que el incumplimiento de alguna de las restricciones les puede acarrear su regreso a la cárcel”, advierte el politólogo Luis Salamanca.
La experta en mercadeo electoral Carmen Beatriz Fernández agrega que las limitaciones que ahora tienen Ceballos, Baduel y Oliveros son similares a las aplicadas a otros presos políticos y emergen como una nueva forma de reprimir al adversario, aunque sea menos dura que tenerlo en una celda:
“Con el auxilio de jueces que están prestos a acomodar las normas a los intereses gubernamentales, a los opositores que logran salir de las prisiones les coartan las posibilidades de accionar políticamente”.
Salamanca y Fernández no tienen duda de que la “aparente benevolencia del gobierno” está determinada por la coyuntura electoral, lo cual confirma que las razones para la detención de estas personas no son jurídicas, sino políticas.
El directivo del Foro Penal Venezolano Gonzalo Himiob ofrece evidencias concretas del uso de la justicia penal a favor de los intereses electorales del oficialismo: “El jueves 13 de agosto se llevó a cabo otra sesión del juicio que se le sigue a los estudiantes que instalaron un campamento antigubernamental frente a la sede del PNUD. Una vez más pedí la liberación de los que permanecen presos (Gerardo Carrero, Nixon Leal, Carlos Pérez y Ángel Contreras) y una vez más la negaron. Es inexplicable, por ejemplo, que mantengan encarcelado a Contreras, pues a él le fueron imputados menos delitos y menos graves que a otros estudiantes acusados en la misma causa y a los que les concedieron libertad condicional. El único patrón claro es que a todos los estudiantes les imponen la prohibición de volver a participar en manifestaciones públicas”.
Himiob agrega que las recientes decisiones en los casos Ceballos, Baduel y Oliveros se debieron tomar desde hace mucho tiempo, porque procedían en buen Derecho:
“Ello confirma que sí se trata de presos políticos y que los procesos penales en su contra no los dirigen los jueces, sino el gobierno”.
Con información de El Nacional.