La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, afirmó hoy que hay un «proceso progresivo de desmontaje del Ministerio Público» y aseguró que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pretende hacer con su institución lo mismo que hizo con el Parlamento, aunque recalcó que continuará con sus funciones.
«Lo que el TSJ hizo con la Asamblea Nacional ahora lo quiere hacer con el MP, es decir, continuamos en la ruptura del orden constitucional«, dijo Ortega Díaz en una rueda de prensa en referencia a la sentencia del Supremo que consideró que el defensor del pueblo puede tener algunas de las competencias de la Fiscalía.
El TSJ emitió una sentencia difundida hoy que señala que el defensor del pueblo, Tarek William Saab, puede tener acceso a todos los actos de investigación que cursen en el Ministerio Público y solicitar la realización de análisis forenses, entre otras atribuciones de la fiscal.
La titular del MP rechazó esta sentencia por considerar que está «inmotivada», pues aseguró que no señalan los motivos ni las razones de por qué los magistrados toman esta decisión.
Dijo que si se analiza la sentencia «en este momento», en el que el país atraviesa una crisis política e institucional, los derechos humanos de la ciudadanía «están en peligro».
Ortega Díaz consideró que «hay una clara intención de anular al MP con esta sentencia» y señaló que «esas acciones no son democráticas, desmantelan al Estado y más si analizamos otra sentencia donde destituyen al vicefiscal robándose funciones propias del MP».
El TSJ publicó ayer otra sentencia en la que, además de declarar inadmisible un recurso que la fiscal presentó contra la Constituyente, también anuló los actos del vicefiscal Rafael González Arias y anunció que designará uno de manera «temporal» debido a que su designación no contó con la autorización del Parlamento.
Ortega Díaz reconoció que la designación del vicefiscal debe ser autorizada por el Parlamento, pero insistió en que la designación del vicefiscal es de su completa atribución.
Estas sentencias son para Ortega Díaz «una provocación contra la fiscal general» y añadió que «quieren provocar», aunque recalcó que no sabe con cuál propósito.
Asimismo, indicó que pese a estas sentencias publicadas, la Fiscalía va a seguir cumpliendo con «el rol que constitucionalmente» tiene atribuido y señaló que estas competencias otorgadas al defensor del pueblo crean «inseguridad jurídica», pues la gente debe tener la certeza de quién la va a investigar.
Información de EFE
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