En una conferencia de prensa, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) condenó enérgicamente las acusaciones del régimen chavista contra Sebastiana Barráez, considerándolas como un grave atentado a la libertad de prensa.
Sebastiana Barráez
Barráez, una periodista veterana especializada en temas militares y fronterizos, fue objeto de una orden de detención junto con otros civiles y militares, todos acusados de presuntamente conspirar contra Nicolás Maduro.
Las acusaciones incluyen supuestos vínculos de Barráez con miembros de la Fuerza Armada, quienes, según el propio gobernante, han sido arrestados por planear un presunto magnicidio en su contra. Maduro mencionó estos supuestos planes durante su presentación de informes, lo que llevó a la Fiscalía a solicitar más de treinta detenciones.
Esta acción ha sido criticada por la oposición, así como por diversas organizaciones dentro y fuera de Venezuela, quienes la consideran una nueva ola de persecución contra la disidencia y las voces críticas.
Sebastiana Barráez respondió contundentemente a las acusaciones, desacreditando cualquier implicación en tales actividades y destacando que sus fuentes provienen del ámbito militar. Desde esa perspectiva, denuncia graves daños a la Fuerza Armada y violaciones a los derechos humanos de los uniformados.
En respuesta a esta situación, el Colegio Nacional de Periodistas emitió una alerta internacional y solicitó la intervención de organismos supervisores en el caso. Asimismo, calificaron a Barráez como una comunicadora de “trayectoria intachable como periodista de investigación en la cobertura de la fuente militar, así como hechos de relevancia y sucesos ocurridos en las fronteras de Venezuela, desde hace varias décadas”.
A través de un comunicado, el CNP además denuncia y alerta «como otro grave atentado al derecho a la libertad de expresión, la libertad de información, al debido proceso, la criminalización de la periodista María Sebastiana Barráez Pérez, amparada por garantías constitucionales y tratados internacionales, al haberse emitido su orden de captura».
«Nuevamente algunos funcionarios de alto nivel del Ministerio Público y autoridades del poder judicial incumplen recomendaciones o protocolos emanados de la Misión Independiente de la ONU, aprobados por el Consejo de Derechos Humanos, en el sentido de abstenerse de seguir ejecutando mecanismos que atentan contra la libertad de expresión y el deber de investigar los delitos cometidos contra periodistas, dirigentes sindicales, estudiantiles, políticos y defensores de derechos humanos», concluyeron.
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— Andrés Raúl Páez (@andresraulpaezp) January 31, 2024
Redacción Maduradas