José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, espera que el informe Castigados por Protestar emitido por la organización el pasado 5 de mayo contribuya al debate sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. El activista aspira a que el documento sea tomado en cuenta cuando Venezuela sea evaluada por el Comité de derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el cumplimiento de las obligaciones que le impone el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“Especialmente en los últimos meses, Venezuela tiene una conducta deplorable en el ámbito de la protección y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos”, advirtió. En cuanto a otros asuntos más estructurales, HRW reitera sus denuncias sobre la falta de independencia del Poder Judicial, la discriminación por razones políticas y las violaciones a la libertad de expresión.
Vivanco afirmó: “El Comité verifica si los Estados que han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos cumplen las disposiciones de dicho instrumento internacional. El examen es realizado por expertos independientes y su ámbito de acción es universal. Hacemos hincapié sobre la situación de algunos países que nos parecen apremiantes y Venezuela está en esa categoría. Es deplorable la situación de los derechos humanos en el país; una situación grave que amerita atención de los órganos correspondientes”.
Importancia
Al ser consultado sobre la importancia de presentar la documentación en Ginebra, Vivanco explicó que el Comité exige cuentas y la comparecencia de representantes del gobierno, algo que podría ocurrir entre siete y nueve meses. “Hay gobiernos que no concurren y son reticentes a cooperar. El Comité no tiene una policía o política que obligue a asistir”, expresó.
Aseveró que si bien es un proceso que se podría dar en 2015 las opciones pasan por resoluciones que critiquen la conducta represiva de las fuerzas de seguridad frente a los manifestantes y la actitud del Poder Judicial.
“El grupo trabaja con base en informes, tanto del Estado como de organizaciones de la sociedad civil, particularmente las dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos”, dijo. Agregó que incluso la ONU puede pedir a Caracas la autorización para que sus expertos visiten el país y se evalúen temas como torturas, ejecuciones sumarias e independencia judicial.
“Hay un conjunto de iniciativas que puede adoptar el comité y puede influir significativamente en la situación de los derechos humanos”, reseñó el portal de El Nacional.