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¡CONÓZCALAS! Reuters detalla las contradicciones en los registros judiciales y supuestas “evidencias” contra Roberto Marrero

Aproximadamente a las 2 de la madrugada del 21 de marzo, ocho agentes de inteligencia venezolanos fueron a la casa del principal del asesor del presidente encargado de Venezuela, Juan Guiadó, y derribaron la puerta.

Foto: El Nacional

Registraron el dormitorio de su sospechoso, el jefe de personal de Guaidó, Roberto Marrero, y encontraron dos rifles de tipo militar y una granada, dijeron los agentes en registros judiciales reservados revisados por Reuters y hechos públicos por primera vez.

Los agentes de la agencia de inteligencia o Sebin, controlada por el asediado régimen de Nicolás Maduro, detallaron sus pruebas contra Marrero en dos informes que dijeron que habían recopilado seis días antes, el 15 de marzo, según los registros judiciales.

Los informes incluían una acusación de que Marrero había contrabandeado armas y explosivos desde Colombia, así como publicaciones en redes sociales que los fiscales llamarían más adelante como un acto de traición.

Pero los informes se contradicen de una forma que sugiere que la evidencia de las redes sociales se improvisó después del operativo policial, no seis días antes, como dijeron agentes y fiscales en los registros judiciales.

Y un juez otorgó la orden para buscar armas basándose en la palabra de un solo agente de Sebin que nunca detalló ninguna evidencia de contrabando en la solicitud de revisar la casa, según la orden revisada por Reuters.

Un informe del Sebin incluye una captura de pantalla de una búsqueda en Google con los términos “Roberto Marrero Instagram” que los agentes dijeron que se realizó a las 8:37 a.m. del 15 de marzo, pero en realidad se realizó al menos seis días después, como lo demuestran tres noticias incluidas en la busqueda que informaron del allanamiento el 21 de marzo a la casa de Marrero.

Los agentes y fiscales confirmaron en los registros judiciales habían presentado esa búsqueda, incluidas las noticias sobre la redada, en una solicitud de orden judicial presentada seis días antes de que ocurriera el allanamiento.

La solicitud de orden, con fecha del 15 de marzo, fue aprobada por la jueza Carol Padilla el 20 de marzo.

En abril, Padilla fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos por actuar en la justicia “en nombre de este régimen ilegítimo”, mientras preside un tribunal de Caracas a cargo de hechos de terrorismo y delincuencia organizada.

La Corte Suprema de Venezuela no respondió a las llamadas telefónicas en busca de comentarios de Padilla.

La evidencia vaga y contradictoria siembra dudas sobre el caso en contra del opositor y cuya detención marcó el inicio de una represión más amplia por parte del gobierno de Maduro contra partidarios cercanos a Guaidó.

Estados Unidos ha pedido la liberación de Marrero, describiéndolo como uno de los 800 presos políticos en Venezuela.

El abogado de Marrero, Joel García, dice que su cliente niega todos los cargos. García alegó, sin proporcionar pruebas, que los agentes plantaron las armas en la casa de Marrero.

García dijo que el tribunal no le había permitido revisar el archivo del caso, incluidos los informes de Sebin, en violación de la ley de Venezuela. Cuando Reuters le mostró los documentos, García dijo: “Es evidente que el informe es un hecho posterior a su detención, y no anterior”.

 

Otra búsqueda en la web citada en el informe del 15 de marzo incluye un video que Marrero no publicó en Instagram hasta el 18 de marzo, según la fecha indicada en la plataforma de redes sociales. El video muestra a Carlos Vecchio, el representante de Guaidó en Washington, retirando de la pared una fotografía enmarcada de Maduro y que estaba colgaba en la oficina del agregado militar venezolano en la capital de Estados Unidos.

La acusación de contrabando de armas provino del agente de Sebin, Noel Farreras, quien dijo en el informe, sin citar pruebas, que Marrero había transportado ilegalmente “rifles y material explosivo” desde Colombia. El informe no detalla cuándo o dónde tuvo lugar el supuesto cruce. Reuters no pudo contactar a un portavoz del Sebin o a Farreras.

La Oficina de la Vicepresidencia, que supervisa el Sebin, y la oficina del Fiscal General no respondieron a las preguntas escritas enviadas por Reuters.

Un portavoz del Ministerio de Defensa de Colombia se negó a comentar sobre la denuncia de contrabando de armas.

Marrero, de 49 años, permanece detenido en la sede de Sebin en Caracas a la espera de una audiencia preliminar, dijo su abogado. Los fiscales lo han acusado de traición, conspiración y ocultamiento de armas y explosivos. Una condena podría significar hasta 30 años de prisión.

Redacción Maduradas con información de Reuters

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