El Gobierno busca arrinconar a un Parlamento ya asfixiado por las arbitrariedades de los poderes subordinados al Ejecutivo. Además de declarar inconstitucionales las leyes sancionadas, ahora el régimen busca prohibir a la Asamblea legislar en materia económica.
Según información emanada de sectores oficialistas, el presidente Nicolás Maduro podría firmar un decreto en el marco de la “Emergencia Económica”, con el cual dejaría sin efecto toda ley sancionada por la Asamblea Nacional (AN) vinculada a la economía, reseñó El Estímulo.
Foto: REUTERS/Carlos García Rawlins / Archivo.
Con este decreto, el Gobierno nacional podrá frenar la Ley de Bono Alimenticio para Jubilados y Pensionados, después de decretada su constitucionalidad por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Es decir, la AN que el pasado viernes no pudo pagar los salarios a sus trabajadores, que podría trabajar a oscuras por el racionamiento eléctrico, tampoco legislará en materia económica.
Con esto, ya no sería necesario ni siquiera enviar la consulta al TSJ, para que éste emita opinión sobre la constitucionalidad o no de las leyes, lo que es igual a, un poder cercenando a otro, igualmente elegido por el voto de los ciudadanos.
El diputado de la Comisión de Finanzas del parlamento, Luis Lippa, dijo que hay que buscar la manera de llegar a un entendimiento entre poderes. “Aquí nadie puede quitarle las funciones a nadie. Aquí hay que respetar la autonomía de los poderes, el señor presidente está tan legitimado porque ganó unas elecciones como los diputados de la Asamblea Nacional».
Según el legislador electo por estado Apure, esa acción que llegara a tomar el Ejecutivo solo perjudicaría a los ciudadanos. “Si hay alguien que todavía confía en invertir en Venezuela, bueno estaríamos repitiendo la escena del irrespeto a la propiedad privada, estaríamos ocasionando desconfianza y alejando esas inversiones”.
De ocurrir esto, se constituiría en un golpe de Estado, porque solo hay tres formas de cambiar o eliminar a los integrantes del Palacio Federal Legislativo, a saber: elecciones cada cinco años, por lo que establece el artículo 240 de la Constitución, el cual faculta al Presidente de la República para disolver la Asamblea Nacional si ésta remueve en tres oportunidades al Vicepresidente en un mismo período constitucional y la tercera, luego de una constituyente cuando se deben relegitimar los poderes, publicó El Estímulo.