A través de un comunicado, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se pronunció en relación al proceso de legalización de los partidos políticos que estableció el Consejo Nacional Electoral (CNE) y cuyas condiciones parecieran buscar acabar con la disidencia en el país.
En el pronunciamiento, la Unidad se refirió a las acciones como “ilegales e inconstitucionales” pues supondría la ilegalización de partidos políticos pequeños que debido a estas normas, podrían no postularse a procesos electorales.
Foto: La Patilla
A continuación el texto íntegro del comunicado:
Esta es una agresión del régimen contra el país, no sólo contra los partidos políticos. Fue el país el que exigió a los partidos democráticos que, en un gesto de desprendimiento, no usaran sus tarjetas y símbolos y acudieran todos a las elecciones usando la TARJETA ÚNICA, la tarjeta de la Unidad Democrática, “la de la manito”, como terminó llamándola el pueblo. Poniendo por encima de sus intereses y tradiciones el interés del país, los partidos políticos así lo hicieron. Hoy el régimen quiere utilizar esta circunstancia para acabar con los partidos democráticos, al diseñar un mecanismo de relegitimación de estas organizaciones ante el CNE que transforma tal proceso en una carrera de insalvables obstáculos. Una vez más, la mayoría oficialista del CNE actúa no para promover sino para impedir y coartar el ejercicio del derecho constitucional del pueblo venezolano a la organización y participación política.
La Tarjeta Única de los demócratas se transformó el 6 de diciembre de 2015 en la más votada de toda la historia electoral de Venezuela. Por eso hoy el régimen no sólo dificulta en grado extremo la relegitimación de los partidos políticos, sino que ha amenazado también con anular el registro de la Mesa de la Unidad Democrática como organización con fines políticos, para lograr así un objetivo tan perverso como antidemocrático: ganar cualquier elección futura no porque tengan más votos, que ya saben que no los tienen, sino por armar de manera fraudulenta unas elecciones sin contendores. Y eso lo quieren lograr usando el único poder que les queda, el poder de la violencia (en este caso, la violencia institucional ejercida a través del CNE y el TSJ) para convertir al sistema electoral venezolano en un remedo del sistema electoral cubano o nicaragüense, es decir, un sistema electoral en que el pueblo quizá puede votar, pero no puede elegir…
¡Venezuela no es Cuba ni Nicaragua! En efecto, en Cuba hay elecciones, pero al ser un sistema de partido único los únicos candidatos por los que el elector cubano puede votar son los del Partido Comunista. En el caso de Nicaragua, donde la Constitución no contempla el sistema de partido único, la dictadura de Daniel Ortega ha usado su poder sobre la administración de justicia y sobre el órgano electoral para proscribir la existencia de partidos opositores y anular la proclamación de los parlamentarios demócratas. De esa manera, en Cuba y en Nicaragua los ciudadanos pueden votar pero no pueden elegir, condenados como están a “escoger” solamente entre las opciones que el régimen presenta. Ese es el escenario que el madurismo quiere imponer en Venezuela: acabar con la democracia participativa y protagónica mediante la imposición de estas restrictivas normas de relegitimación de partidos.
El 6 de diciembre de 2015 el pueblo le demostró al régimen que la voluntad de cambio de los venezolanos era capaz de vencer al monstruoso ventajismo estructural oficialista, alcahueteado por el órgano electoral. La respuesta del régimen a esa realidad es este torpe intento de convertir a Venezuela en otra Nicaragua. El pueblo venezolano y su expresión político-electoral, la Mesa de la Unidad Democrática, rechaza enérgicamente esta maniobra que el régimen pretende perpetrar contra la Constitución y contra el derecho de los ciudadanos a elegir su destino, votando en elecciones libres y realmente competitivas.
La Mesa de la Unidad Democrática rechaza las inaceptables condiciones impuestas por el CNE,pues las mismas confiscan el derecho de los venezolanos a organizarse y participar políticamente y constituyen una afrenta, una burla a la democracia. ¡Destinan para el proceso de relegitimación 390 máquinas captahuellas, cuando el CNE dispone de 40 mil! ¡Establecen para que cada partido reúna la cantidad de adherentes necesarios apenas 14 horas a lo largo de un fin de semana, lapso que originalmente era de cuatro meses! Estos son solo dos ejemplos del carácter restrictivo y fraudulento de las normas cuyo rechazo hoy hacemos público.
Esta agresión no es sólo contra los partidos de la Unidad Democrática: ¡También los partidos de la alianza oficialista podrían ser afectados mortalmente por esta maniobra! Ya la opinión pública ha conocido la posición crítica de voceros de organizaciones como el Partido Comunista de Venezuela y el partido Redes. Esto ocurre porque esta agresión no es contra “unos” partidos sino contra LOS partidos, en tanto que instrumentos del pueblo para su organización y participación político-electoral.
Hacemos un llamado de alerta a la Organización de Estados Americanos, a Unasur, a Mercosur, a la ONU, a la Unión Europea, al Vaticano, al cuerpo democrático acreditado en Venezuela y a toda la comunidad internacional: estamos en presencia no de una simple atrocidad burocrática, sino de una muy severa agresión contra la paz en Venezuela y en toda la región. Cerrar la vía democrática y electoral para la resolución de conflictos en un país como Venezuela, con una crisis económica profunda, una violencia social inmensa y un gobierno probadamente minoritario, es empujar a toda la Nación al abismo de la confrontación abierta. Si eso llegara a ocurrir el impacto afectaría a toda la región.
Es necesario entonces que una intensa y asertiva movilización de la comunidad internacional acompañe el rechazo del pueblo venezolano para derrotar este atentado contra la democracia perpetrado desde instituciones que deberían servir a la democracia, y para garantizar que este ilegítima pretensión oficial no se transforme en un nuevo pretexto para retrasar o no realizar las elecciones municipales y regionales que en Venezuela están previstas por la Ley y la Constitución, y para evitar el adelanto de elecciones presidenciales que hoy es clamor nacional.
Redacción Maduradas.