No todo lo que brilla es oro, así sea este mismísimo mineral, que debido a su gran valor ha despertado el interés de organizaciones criminales, que han visto en las cuevas mineras una manera de obtener dinero bajo la tierra, donde nadie las observa.
La lucha resuelta de varios países latinoamericanos contra el narcotráfico ha redirigido las actividades de organizaciones criminales hacia la minería ilegal, asegura un estudio de Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
Foto: Econoax
Según las conclusiones del equipo, tanto en Colombia como en Perú, los dos mayores productores de coca del mundo, el comercio ilegal de oro genera actualmente mayores ganancias que el tráfico de cocaína.
El documento señala que un 80 por ciento del oro colombiano es explotado en forma ilegal y que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) obtienen un 20 por ciento de sus ingresos a través del comercio ilegal de este mineral, reseñó Sumarium.
La ONG denuncia además que un 87 por ciento de los 4,9 millones de desplazados internos en Colombia proceden de zonas en las que existe una activa producción minera ilegal. Las bandas, asegura Iniciativa Global, suelen forzar a los pobladores a trabajar en las minas o exigen el pago de altos tributos a mineros tradicionales.
Pero la explotación ilegal del oro no va en aumento únicamente en Colombia. La ONG indica que tanto en Perú como en Bolivia, Ecuador, Brasil, Venezuela, Nicaragua y México se registra un incremento de este tipo de actividad, tendencia que, según destaca el escrito, impacta tanto en las poblaciones como en el medio ambiente.
Los datos son preocupantes: el uso de mercurio y cianuro contamina fuentes de agua potable. Según la ONG, por cada kilo de oro se vierten 1,3 kilos de mercurio al agua. Además, la deforestación también está frecuentemente vinculada a la minería ilegal, denuncia el informe con fecha de abril de 2016.
“Todos los grupos al margen de la ley están involucrados en esto”, dijo recientemente la delegada para el Medio Ambiente de la Defensoría de Colombia, Marta Lucía Alonso.
“Extorsionan a los mineros por la explotación, por la entrada de maquinaria, o simplemente la realizan ellos arrasando con todo y obteniendo toda la ganancia para la financiación de sus actividades criminales”, aseguró la representante, que se mostró particularmente alarmada por la destrucción de los cuerpos de agua.