Un reportaje de la periodista venezolana Sabrina Martín publicado en PanAm Post reseña que fueron presentadas las pruebas donde se demuestra la cedulación ilegal que se llevó a cabo el día de las elecciones parlamentarias en Venezuela en manos del PSUV, que incluso incluye la cedulación de personas fallecidas.
Entre las nuevas pruebas se encuentra el listado de todas las personas que recibieron nuevas cédulas el 6 de diciembre y dos laptops, una perteneciente del Consejo Nacional Electoral, y otra al SAIME, reseñó Entorno Inteligente.
Créditos: PanAm Post
Nuevas pruebas se consignaron ante la Fiscalía Octava del estado Mérida tras descubrirse un centro de cedulación clandestino en el municipio Tovar, en esa entidad, manejado por el Partido Socialista Unido de Venezuela y el día de las elecciones parlamentarias de ese país. Las pruebas no solo desmentirían a los principales funcionarios oficialistas de la entidad, sino que además los señalan como cómplices.
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Iris Molina, quien descubrió la emisión de cédulas ilegales bajo la complicidad del alcalde tovareño Yván Pulitti, presentó la mañana de este lunes 14 de diciembre pruebas que desmienten tanto al gobernador del estado Mérida, Alexis Ramírez, como al burgomaestre de la entidad, quienes ante los medios de comunicación desconocieron la existencia de dicho operativo de cedulación y aseguraron no estar enterados de lo sucedido.
En Venezuela, el Servicio Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) es el ente encargado de emitir los documentos de identidad a los ciudadanos de ese país. Cuando se llevan a cabo operativos de cedulación, todos deben ser publicados tanto a través de la página web del SAIME como a través de los medios de comunicación, pero para el día de las elecciones, el pasado 6 de diciembre, no hubo información alguna de que en el Coliseo, donde funciona la sala situacional del PSUV, existiría una oficina móvil para entregar dichos documentos.
“Quiero informar que no soy funcionario del SAIME, no tenía por qué estar con una máquina allí; yo estaba el día domingo visitando los centros de votación desde tempranas horas de la mañana…”, explicó el alcalde Pulitti, quien estuvo unos días en paradero desconocido tras los hechos, y reapareció tres días después de los comicios.
Por su parte, el gobernador Alexis Ramírez dijo que “no hay una sola prueba sobre los presuntos hechos en el Coliseo de Tovar”.
Pero a PanAm Post llegaron las pruebas que la mañana de este lunes fueron consignadas ante el Ministerio Público. Entre ellas se encuentra el listado de todas las personas que recibieron nuevas cédulas en el lugar donde funcionaba la sala situacional del PSUV, la fotografía correspondiente a dos laptops, una perteneciente del Consejo Nacional Electoral y otra al SAIME.
No es la primera vez que surge el rumor de fraude electoral con máquinas clandestinas; pero sí es la primera vez que salen a la luz pruebas de irregularidades con cédulas ilegales el día de las elecciones en Venezuela.
Entre las personas que recibieron el beneficio de manera ilegal, se encuentran el camarógrafo de prensa de la Gobernación de Mérida, el escolta del alcalde Pulitti, la sobrina del alcalde, la directora del SAIME y su esposo. Lo que no solo desmiente al alcalde y al gobernador, sino que también los señala como cómplices del hecho.
La irregularidad surge porque se desconoce en primer lugar qué hacía un centro de cedulación “escondido” y en manos del Partido Socialista Unido de Venezuela, se desconoce también por qué razón la mayoría de los cedulados son adeptos al oficialismo y funcionarios; y por último, también surge la duda de por qué en el lugar había una computadora del Consejo Nacional Electoral, que es el organismo encargado de organizar los comicios en ese país.
Pruebas de irregularidades
Además del video grabado en la sede de Fundacite (una biblioteca pública), en la cual funcionaba el comando de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela, la mañana de este lunes fueron consignadas nuevas pruebas ante la Fiscalía Octava del estado Mérida.
Ante las posibles dudas de la veracidad de dichas pruebas, PanAm Post debe aclarar que todas están consignadas ante Fiscalía, y ese organismo es el encargado de realizar las pertinentes averiguaciones.
Cada cédula de identidad que aparece en el listado puede ser comprobada a través de la página web del CNE.
De igual modo se puede corroborar con las diferentes firmas de quienes se cedularon, incluyendo la firma de Iris Molina, quien es la denunciante y de María Inés Pulitti, quien es directora del Despacho de la Alcaldía de Tovar y sobrina del alcalde Yván Pulitti.
Cedulación a muertos
Cabe destacar que en la misma carpeta de cedulación del 6 de diciembre también había listados de días anteriores, en la lista correspondiente al 3 de diciembre se pudo observar que se emitió una cédula de identidad a una persona fallecida con el número 8.080; la página web del CNE establece que dicho número de documento corresponde a alguien fallecido, pero en el listado firma Douglas José Roa Contreras.
A continuación las pruebas suministradas:
Iris Molina, quien es la testigo denunciante, dijo a PanAm Post que desde el mismo 6 de diciembre, cuando hizo la denuncia de lo que sucedía, el Ministerio Público no se ha presentado en el lugar de los hechos para corroborar lo expuesto; según Molina no se ha cumplido con el debido proceso.
El tema del operativo de cedulación clandestino se ha tratado con real hermetismo tanto por parte del “chavismo” como de la oposición; esto a pesar de que es la primera vez en Venezuela que salen a la luz pruebas que vinculan al oficialismo con un presunto fraude electoral.
Imputados 13 jóvenes por protestas
Una vez que se dio a conocer lo que sucedía, ocurrieron fuertes protestas, por las cuales 13 jóvenes fueron detenidos por incendiar los vehículos tanto de la esposa del concejal Miguel Marrufo, como de la madre de la candidata del PSUV, María Alejandra Castillo, quien presuntamente se encontraba adentro del centro de cedulación supuestamente ilegal.
El pasado viernes 11 de diciembre fueron imputados. Los Fiscales 21° y 8° del Ministerio Público imputaron a los merideños por el delito de “resistencia a la autoridad” ante los tribunales 1° y 4° de control de la Circunscripción Judicial Penal de Mérida.
Los jueces acordaron a los acusados libertad condicional con medida de presentación ante el juzgado, según informaron los abogados defensores Jesús Manuel Molina y Silvio Peña.
Por Sabrina Martín / PanAm Post