El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, estudia dar un paso al frente e invocar la Carta Democrática para forzar a que los 34 países miembros del organismo tengan que abordar la situación de Venezuela.
Una delegación de la oposición venezolana le entregó hoy documentación sobre la “crisis política, social e institucional” que vive una Venezuela “sin división de poderes, con 115 presos políticos y en escasez de alimentos y medicinas”.
Agencias
Almagro les pidió información adicional y analizará en los próximos días si hace lo único que está en su mano como secretario general para forzar el debate venezolano en la OEA: invocar el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.
Que Almagro decida dar este paso es la única esperanza de la oposición para que sus denuncias se aborden en la OEA, porque solo los Estados miembros pueden pedir un Consejo sin recurrir a la Carta Democrática y en estos momentos ninguno parece dispuesto a enfrentarse de esa manera al Gobierno venezolano, según todas las fuentes diplomáticas consultadas por EFE.
Un elemento clave a la hora de decidir dar o no el paso de invocar la Carta Democrática es saber si hay apoyos suficientes entre los Estados miembros para que la OEA aborde, por primera vez, la situación de Venezuela, reseña EFE citada por El Nuevo Herald.
Los equilibrios políticos, que son los que decantan las votaciones en un Consejo Permanente donde cada uno de los 34 embajadores tiene un voto, están cambiando en el continente y Venezuela ya no tiene la hegemonía de la que disfrutó durante años.
En el Consejo de la OEA cada país tiene un voto, independientemente de su tamaño, pero fuera de los caribeños, los aliados férreos con los que sigue contando Venezuela son Bolivia, Nicaragua y Ecuador.
En manos de Almagro está ahora que la OEA aborde la crisis venezolana en un Consejo Permanente donde se necesitarían 18 apoyos para aprobar gestiones diplomáticas y, de fracasar estas o impedirlas el Gobierno venezolano, se convocaría una Asamblea General donde serían necesarios dos tercios de los cancilleres para suspender a Venezuela del organismo, como se hizo tras el golpe de Estado de Honduras de 2009.