La alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, Michelle Bachelet, anunció este jueves 25 de agosto que llamará a Nicolás Maduro, antes de concluir su mandato dentro de una semana, para hablar sobre los temas pendientes en materia de derechos humanos.
Prensa Miraflores – Reuters
De acuerdo a la información destacada por la agencia de noticias EFE, la funcionaria en concreto desea conversar con el chavista sobre las «promesas que no deben ser olvidadas», tras la apertura de una línea de cooperación entre el régimen y el organismo tutelado por Bachelet a partir de 2019 y que ha permitido el establecimiento de una oficina de derechos humanos de la ONU en el país.
Asimismo, en una rueda de prensa en la que realizó un balance de su mandato de cuatro años, que concluye el próximo día 31, la alta comisionada pidió que se retome el diálogo entre el chavismo y la oposición en México.
Sobre los presos políticos, abogó: «Espero que esto cambie en el futuro cercano y que pronto tengamos también acceso a las audiencias judiciales».
MADURO IGNORA A BACHELET
La Organización No Gubernamental, Acceso a la Justicia, denunció el miércoles 20 de julio que el régimen de Nicolás Maduro ignora las recomendaciones de la alta comisionada de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien ocupará dicho cargo hasta el próximo 31 de agosto.
En un comunicado compartido con la prensa nacional, la ONG recordó que la alta comisionada recomendó “adoptar medidas para garantizar que el espacio democrático y cívico no sea restringido indebidamente”, para mejorar la situación de las garantías fundamentales en el país.
Sin embargo, la nueva ola represiva que las autoridades venezolanas han lanzado contra la sociedad civil organizada en la primera semana de julio, «deja en claro que han decidido ignorar dicha petición», enfatizó la ONG.
El pasado jueves 23 de junio, Bachelet denunció un aumento de las amenazas en contra de ONG, sociedad civil, periodistas y defensores de Derechos Humanos en Venezuela.
La información fue dada a conocer a través de su nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, el cual fue presentado formalmente el miércoles 29 de junio ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En el mismo, Bachelet denunció que continúan las restricciones al espacio cívico y democrático.
“El Acnudh siguió observando restricciones indebidas al espacio cívico y democrático, en particular la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes, la sociedad civil, los medios de comunicación y los sindicalistas, que afectan a su capacidad para llevar a cabo efectivamente su legítima labor”, sostuvo.
A propósito de las denuncias reiteradas en la nueva actualización del informe de Bachelet, la organización no gubernamental, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), denunció a su vez que Maduro no ha cumplido ninguna de las 43 recomendaciones urgentes que ha hecho la expresidenta chilena.
«Maduro no ha cumplido ninguna de las 43 recomendaciones urgentes de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, hechas desde 2019. El Estado venezolano no cumple, en su lugar, promueve violaciones de DDHH, uso excesivo de fuerza y más», afirmó la ONG.
La oficina que representa Bachelet ha documentado un aumento de de casos entre el 1 de mayo de 2021 y el 30 de abril de 2022, recabando un total de 154 denuncias, incluidos 46 casos de penalización, 26 relatos de amenazas y hostigamiento, 11 actos de violencia y 71 casos de estigmatización de personas defensoras de los derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil.
“Sigue preocupando el uso de la legislación antiterrorista y contra la delincuencia organizada contra el trabajo legítimo de los defensores de los derechos humanos y los trabajadores de los medios de comunicación”, manifestó.
En su informe Bachelet resaltó que al menos dos sindicalistas se encuentran actualmente detenidos en espera de juicio, además añadió que siguen las limitaciones para que las organizaciones de derechos humanos se registren o actualicen sus datos en el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren).
Redacción Maduradas con información de EFE
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