El miércoles en la mañana, tres hombres asaltaron la agencia del Banco Provincial ubicada frente a la plaza Bolívar de El Socorro, estado Guárico. Los hampones utilizaban armas largas, presumiblemente fusiles de asalto. Luego de apoderarse de los 389.000 bolívares que había en las cajas se toparon con una comisión policial. Fue entonces cuando revelaron que además de las armas largas disponían de una granada fragmentaria. Eso inhibió la acción de los uniformados. La banda huyó escudada por tres personas que tomaron como rehenes en una camioneta Grand Vitara robada en ese mismo momento.
Ese mismo día, efectivos militares y policiales hallaron otra granada en un inmueble allanado en una redada en el sector San Vicente de Maracay, que desde octubre había sido incorporado al Movimiento por la Paz y la Vida del Ministerio de Relaciones Interiores.
La semana anterior, dos comisarías del Cicpc en Aragua sufrieron daños materiales al ser atacadas con granadas y tres delincuentes murieron cuando estalló una que era manipulada en la cabina de un vehículo mientras huían de agentes de la Policía Nacional en San Mateo.
Las granadas son por definición armas de guerra.
En Venezuela, su uso es privativo de la Fuerza Armada Nacional. Pero cada día son más frecuentes las noticias en las que aparecen como parte de los arsenales de las bandas delictivas.
Ese no es un fenómeno exclusivo de Venezuela. Un estudio de la Organización de Naciones Unidas para el Desarme documentó 100 casos en 12 países latinoamericanos durante los últimos 2 años. Lo revelador es que Venezuela es la nación con más muertos por el uso de granadas entre enero de 2013 y marzo de 2015. En ese lapso, fueron reportados 18 fallecidos, 10 más que Colombia, el segundo país de la lista.
Venezuela figura, además, en el segundo lugar cuando en número de heridos por la explosión de granadas, con 16. El primer país en el lapso analizado fue Colombia, con 58.
En ambas categorías (muertos y heridos) México aparece en el tercer lugar, a pesar de que allí se libran batallas diarias entre miembros de la delincuencia organizada contra los militares y otros grupos por disputas de control territorial.
Distintos actores. Los resultados preliminares de la investigación de la ONU fueron presentados durante la 13° reunión del Observatorio del Crimen Organizado en América Latina y el Caribe, celebrada en Medellín.
Julián Bustamante, del organismo multilateral, explicó que los casos documentados consistieron en hallazgos de las granadas o de sus restos, así como también los reportes en los que se informa sobre el uso de granadas para amedrentar o para atacar a personas o instalaciones.
En el caso venezolano, fueron acumulados 18 reportes durante 25 meses. En 14 casos, esas armas tuvieron algún tipo de uso. En otras palabras, el promedio de muertes por cada episodio en que fueron utilizadas fue superior a 1. En Colombia y México la media es inferior a esa cifra. En consecuencia, Venezuela también aparece como el primer país de Latinoamérica en donde las granadas fueron utilizadas con fines de agresión.
En el caso colombiano, los reportes indican que esas armas fueron utilizadas primordialmente por grupos irregulares (FARC y ELN), y en menor medida por exponentes del llamado Clan Usuga (antes conocidos como Urabeños). Se trata de grupos altamente estructurados, mientras que en Venezuela las granadas las usan delincuentes comunes como las bandas del Salserín, Carlos Capa, Jordan y Coqui.
Otro aspecto revelador es que en Venezuela la mayoría de los casos documentados entre 2013 y 2015 ocurrió en Distrito Capital y Aragua. En Colombia, aparecen dispersos en los departamentos centrales, occidentales y del sur.
“Las granadas no son para ser usadas por civiles. Salvo los casos en que sean fabricadas en forma artesanal, vienen de arsenales militares”, afirmó Bustamante. Aclaró que en Suramérica solo las FARC tienen capacidad de producir sus propias granadas.
Difícil pesquisa. La mayoría de los casos detectados en Venezuela fueron de granadas estalladas. Cuando eso ocurre, explicó el presentador, las investigaciones policiales se dificultan pues la evidencia queda destruida: “Las granadas solamente están identificadas con un número de lote. Eso dificulta el trabajo de rastreo”.
Lea el informe completo en: El Nacional.